El colectivo Yasunidos presentó este lunes una acción de amparo contra el Gobierno ecuatoriano y la fundación estadounidense Come to the Rainforest, a quienes acusa de intentar establecer un contacto forzoso con los Tagaeri y Taromenane, pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana.Durante una rueda de prensa, representantes del colectivo conformado por doce organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medioambiente calificaron este intento como una violación a la Constitución y un acto que podría configurar el delito de etnocidio.Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, fue enfático al señalar que estos pueblos están protegidos por el artículo 57 de la Constitución, que establece su derecho al aislamiento y prohíbe expresamente cualquier forma de contacto. “La misma Corte Constitucional ha ratificado la importancia del principio de no contacto y el derecho a la autodeterminación”, recordó. La fundación Come to the Rainforest, liderada por la estadounidense Karen Duffy, ha operado en la Amazonía desde 2010, según su página web, con proyectos de ecoturismo y educación. Sin embargo, en abril de este año, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) alertó sobre publicaciones en redes sociales atribuidas a esta organización, en las que se anunciaban supuestas “interacciones e intercambio de recursos” con pueblos no contactados bajo el pretexto de un “contacto pacífico”.Para Yasunidos, esta narrativa resulta profundamente peligrosa. “El simple acercamiento puede desencadenar tragedias: una gripe puede exterminar a toda una comunidad sin defensas inmunológicas. Esto ya lo hemos visto antes”, explicó Bermeo, haciendo alusión al fallido intento de evangelización …
El colectivo Yasunidos presentó este lunes una acción de amparo contra el Gobierno ecuatoriano y la fundación estadounidense Come to the Rainforest, a quienes acusa de intentar establecer un contacto forzoso con los Tagaeri y Taromenane, pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana.
Durante una rueda de prensa, representantes del colectivo conformado por doce organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medioambiente calificaron este intento como una violación a la Constitución y un acto que podría configurar el delito de etnocidio.
Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, fue enfático al señalar que estos pueblos están protegidos por el artículo 57 de la Constitución, que establece su derecho al aislamiento y prohíbe expresamente cualquier forma de contacto. “La misma Corte Constitucional ha ratificado la importancia del principio de no contacto y el derecho a la autodeterminación”, recordó.
La fundación Come to the Rainforest, liderada por la estadounidense Karen Duffy, ha operado en la Amazonía desde 2010, según su página web, con proyectos de ecoturismo y educación. Sin embargo, en abril de este año, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) alertó sobre publicaciones en redes sociales atribuidas a esta organización, en las que se anunciaban supuestas “interacciones e intercambio de recursos” con pueblos no contactados bajo el pretexto de un “contacto pacífico”.
Para Yasunidos, esta narrativa resulta profundamente peligrosa. “El simple acercamiento puede desencadenar tragedias: una gripe puede exterminar a toda una comunidad sin defensas inmunológicas. Esto ya lo hemos visto antes”, explicó Bermeo, haciendo alusión al fallido intento de evangelización del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en los años 60.
El colectivo no duda en señalar paralelismos. “Una fundación extranjera vuelve a repetir la misma historia: buscar el contacto, civilizar entre comillas, evangelizar, sin importar las consecuencias. Es una clara violación de derechos y una amenaza directa a la vida de pueblos cuya existencia depende precisamente de que no se les perturbe”.
Más allá de la denuncia hacia la fundación extranjera, el señalamiento a las autoridades ecuatorianas es contundente. Yasunidos exige explicaciones sobre el rol del Gobierno en permitir —o al menos no impedir— la operación de organizaciones que atentan contra el principio de no contacto. “La pasividad también es cómplice. El Estado tiene la obligación de proteger a estos pueblos, no de exponerlos a intereses foráneos disfrazados de ayuda humanitaria”, reclamó Bermeo.
La demanda de amparo busca frenar de inmediato cualquier tipo de iniciativa que viole los derechos de los pueblos en aislamiento y sentar precedentes legales firmes para evitar que estas situaciones se repitan.
Mientras tanto, en los rincones más recónditos de la Amazonía, la amenaza se cierne sobre comunidades cuya única defensa sigue siendo el respeto a su decisión de vivir en paz, aisladas del mundo exterior.
