El silencio ante la Comisión Anticorrupción se suma al caso HealthBird.
La Vicepresidencia de la República intenta desmarcarse del escándalo por la contratación de HealthBird, pese a que, en teoría, María José Pinto tiene el Ministerio de Salud a su cargo por disposición del presidente Daniel Noboa.
El punto de partida es el contrato de USD 37,7 millones con HealthBird, una empresa sin experiencia comprobada en modelos digitales de gestión hospitalaria, contratada para ofrecer soluciones informáticas para agendamiento de citas, exámenes, derivaciones y manejo de historias clínicas en el IESS. De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, esas aplicaciones no funcionan o ni siquiera han sido implementadas completamente.
Ante este escenario, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) envió a Pinto una carta el 26 de noviembre, en la que adjuntó documentación sobre presuntas irregularidades y copias de las denuncias ya presentadas ante Fiscalía, Contraloría y el propio Ministerio de Salud. Además, expresó su preocupación por la falta de transparencia en la contratación de HealthBird.
La respuesta llegó dos días después, el 28 de noviembre, a través de un oficio firmado institucionalmente por la “Vicepresidencia de la República del Ecuador”, no por la propia Pinto. En ese documento, la Vicepresidencia sostiene que el encargo hecho por Noboa a la vicepresidenta se limita a la articulación de políticas, planes y proyectos en temas como salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.
Con base en esa interpretación, la Vicepresidencia concluye que la información solicitada por la CNA no estaría dentro de sus competencias. En la práctica, esto implica que el despacho de Pinto se deslinda de la obligación de esclarecer el proceso de contratación de HealthBird y deja en el aire quién debe responder por este caso desde el Estado.
La negativa se suma a otros silencios oficiales. La CNT, que figura como socia de HealthBird en el negocio, ha evitado contestar preguntas de medios como EXPRESO y ha negado información pública, según reveló también el portal Primicias.
Las dudas aumentan si se toma en cuenta el contexto político y administrativo reciente. Una fuente vinculada desde hace años al Ministerio de Salud sostiene que el verdadero peso operativo y logístico de la cartera habría migrado al nuevo viceministro, Stalin Andino, exsecretario jurídico de Carondelet y antiguo abogado de la Corporación Noboa. Su llegada al cargo se habría producido por recomendación directa de la Presidencia, lo que alimenta la lectura de que podría estar actuando como un “ministro de facto”, aunque sin el título formal.
La propia génesis del contrato con HealthBird también genera suspicacias: el presidente Noboa anunció públicamente la contratación de la empresa en una entrevista radial justo antes de que termine el plazo de presentación de ofertas. El hecho de que mencionara a HealthBird con tanta seguridad antes de que se adjudicara formalmente el contrato es uno de los puntos que más interrogantes despierta.
Frente a todo esto, la actitud de la Vicepresidencia —alegando falta de competencia para responder— se interpreta como parte de una estrategia de blindaje político. Puede leerse como una forma de evitar involucrarse en un tema que se percibe sensible o, incluso, como un intento de proteger al propio Noboa y a miembros de su círculo cercano, entre ellos el expresidente del directorio del IESS, Édgar Lama von Buchwald, señalado como actor clave en este proceso.
Desde la emisión del decreto del 18 de noviembre con el que Noboa encargó el Ministerio de Salud a María José Pinto, la vicepresidenta no ha asumido públicamente un rol visible en los aspectos administrativos y contractuales de la cartera. Más bien ha mantenido su exposición en los ejes que ya manejaba antes: salud mental, embarazo adolescente, educación bilingüe y desnutrición infantil.
La gran pregunta que queda flotando es si Pinto ejerce realmente como ministra encargada de Salud o si, en la práctica, el manejo de los temas críticos —como el caso HealthBird— está en manos de otros funcionarios, sin que exista claridad institucional ni transparencia frente a la ciudadanía.
