Entre enero y abril de 2025, 16 empresas proveedoras del hospital Monte Sinaí, presentaron puntualmente sus balances financieros.
En Ecuador, el primer cuatrimestre del año representa una carrera contrarreloj para los contadores. Entre enero y abril, según la Ley de Compañías, las empresas deben presentar sus balances financieros, informes gerenciales, estados de resultados, auditorías externas y demás documentos obligatorios.
La presión aumenta cuando no se trata de una, sino de 16 empresas, todas proveedoras del mismo hospital público: el Monte Sinaí, ubicado en la conflictiva zona de Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil.
El contador público autorizado A. Jurado, con más de 20 años de experiencia, aparece como responsable de los estados financieros de 16 empresas que han obtenido 66 contratos con este hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP) desde 2023, por un monto total que supera los USD 27,8 millones, según el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Las 16 contratistas presentan coincidencias difíciles de ignorar: comparten el mismo contador, muestran informes gerenciales casi idénticos, con la misma redacción y fecha de emisión —21 de abril de 2025—, y algunas tienen vínculos societarios y administrativos entre sí. En varios casos, los nombres de sus gerentes, socios o exaccionistas se repiten, incluyendo personas que fueron anteriormente funcionarios en hospitales públicos, municipios o el IESS.
“La situación financiera de la compañía no tuvo cambios significativos a pesar de la situación de la inseguridad a nivel nacional. Es todo cuanto puedo informar”, señala el informe de Carlo Figallo, gerente de Premiglob S.A. Una frase replicada por otros siete representantes legales de distintas proveedoras.
¿Irregularidades o coincidencia?
La Superintendencia de Compañías, la Contraloría General del Estado y el propio MSP tienen la responsabilidad de vigilar la legalidad de los procesos contables y contractuales. Sin embargo, la repetición de nombres, el uso de informes genéricos, y la concentración de responsabilidades en un mismo contador, muestran fisuras en el sistema de vigilancia institucional.
Más allá del cumplimiento formal, lo que está en juego es la calidad del gasto público en áreas críticas como la salud. En un país con hospitales desabastecidos, médicos en huelga y pacientes esperando atención, la opacidad en los procesos contractuales sigue siendo una deuda estructural.
