El alza de hasta 35 % en las tarifas de medio y alto voltaje obliga a las empresas a planificar su propia generación de energía en un plazo de 18 meses, en medio de retos técnicos, financieros y regulatorios.
Las tarifas eléctricas que rigen desde el 1 de julio de 2025 para los segmentos de consumo de medio voltaje (MV) y alto voltaje (AV1) han significado un alza promedio del 25 % y 29 %, respectivamente, según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). En ciertos casos, como en el área de cobertura de CNEL Guayaquil, el incremento llega hasta el 35 %, dependiendo de la franja horaria.
Juan Carlos Navarro, presidente del CEE, explicó que la medida ha impactado tanto al sector industrial como al comercial. En el segmento industrial, los consumidores de MV y AV1 representan el 94 % del consumo nacional, mientras que en el sector comercial alcanzan el 41 %. A nivel nacional, existen 167 consumidores AV1 y 39.550 en MV, según datos del Ministerio de Energía.
En cifras, la tarifa del grupo AV1 pasó de un precio medio de $0,0791 por kilovatio hora (kWh) a $0,1022, mientras que la de MV subió de $0,0927 a $0,1164 por kWh. Aunque el ajuste no incluyó al sector residencial, sí afectó a los segmentos industrial y comercial, que en conjunto representan el 36 % del consumo y el 34 % de la facturación eléctrica, de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
El 15 de junio, a través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso que las empresas del segmento AV implementen su propia generación de energía en un plazo de 18 meses, contados desde el 1 de julio.
Navarro señaló que las compañías AV2 —mineras, acereras y Petroecuador— están en capacidad de cubrir hasta el 100 % de su demanda con autogeneración, aunque no de forma continua. En cambio, entre los 167 consumidores AV1, un sondeo de la Cámara de Industrias de Guayaquil reveló que solo podrían autoabastecerse, en promedio, hasta en un 45 % de su consumo, con variaciones según su actividad productiva.
El dirigente gremial advirtió que la medida enfrenta complicaciones por limitaciones técnicas y físicas, falta de espacio en algunas industrias, elevados costos financieros y una normativa aún poco clara. Además, considera que los 18 meses son insuficientes para planificar, financiar e implementar proyectos de autogeneración.
“Más allá de la voluntad del sector privado, el éxito de la medida dependerá de que el Estado asegure reglas claras, mecanismos de apoyo financiero y plazos realistas que permitan a las empresas cumplir sin comprometer su competitividad”, afirmó Navarro.
