Gobierno de Noboa envió soldados sin estrategia clara. Según Plan V
El gobierno de Daniel Noboa declaró la guerra interna en Ecuador durante su primer mandato, identificando 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y encargando a las Fuerzas Armadas su neutralización. Sin embargo, ocho testimonios de militares revelan que fueron enviados a las calles sin planificación, formación ni inteligencia adecuada. La presión por mostrar resultados llevó a que algunos soldados cruzaran los límites legales, cometiendo abusos y torturas en operaciones y prisiones.
Conflicto urbano y abusos militares
Soldados relatan que las misiones exigían capturar criminales y decomisar drogas y armas, pero sin orientación específica. Ante la falta de información, recurrían a detenciones arbitrarias y métodos prohibidos como tortura para obtener datos. Estas prácticas también se extendieron a cárceles, donde internos sufrieron violencia, incluyendo técnicas de asfixia con agua y torturas físicas.
Los expertos señalan que los militares fueron despojados de sus funciones naturales —custodiar fronteras y defensa externa— para asumir tareas policiales como patrullajes urbanos y control de prisiones, lo que incrementó los abusos.
Incremento de delitos y desapariciones
Datos de la Fiscalía y observatorios muestran un aumento alarmante de violaciones de derechos humanos:
Tortura: de 52 casos en 2023 a 195 en 2024.
Ejecuciones extrajudiciales: de 6 a 19.
Extralimitaciones en actos de servicio: de 118 a 272.
Desapariciones forzadas: de 12 a 26 casos, muchas ocurridas durante la noche en provincias costeras.
Militarización de prisiones
El control militar de las cárceles, iniciado en 2024, buscaba reducir la criminalidad, pero terminó profundizando problemas estructurales. Soldados ingresaron drogas, celulares y dinero en efectivo, y varios militares fueron detenidos por estos delitos. Entre enero de 2024 y abril de 2025, 455 internos murieron en las prisiones, sin claridad sobre causas, lo que evidencia un fracaso en la gestión de seguridad penitenciaria.
Desapariciones forzadas y tortura en las calles
Decenas de jóvenes y civiles fueron detenidos arbitrariamente. Historias como las de Sebastián y José, de 16 y 17 años, muestran detenciones nocturnas, amenazas de muerte y tortura para obtener información sobre caletas de drogas, con algunos desaparecidos sin rastro.
Otros casos documentados incluyen:
Dave Robin Loor y Juan Daniel Santillán, detenidos en Ventanas en agosto de 2024, sufrieron tortura y fueron liberados por falta de pruebas.
Manolo y Kleiner Pisco, Miguel Morán y Bryan Torres desaparecieron tras un allanamiento militar en la Hacienda La Fortaleza, Guayas, en diciembre de 2024.
Fardi Muñoz y Bruno Rodríguez, detenidos en Esmeraldas en enero de 2024, permanecen desaparecidos.
Extralimitaciones letales
El caso de Johan Magno, adolescente de 16 años, evidencia la violación de protocolos: recibió un disparo mortal mientras paseaba en motocicleta con amigos en marzo de 2025. Los militares no distinguieron entre civiles y objetivos militares, incumpliendo normas internas sobre el uso progresivo de la fuerza.
Fallas de planificación y cultura militar
Expertos como Luis Córdova señalan que ni la policía ni las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra urbana. La presión política por resultados ha llevado a abusos extremos, recordando experiencias como los falsos positivos en Colombia. La cultura militar, con un ethos de hiper-masculinidad, refuerza la dureza y disminuye la empatía frente a civiles, agravando los abusos.
Respuesta del gobierno
El Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones sobre estos hechos. Las familias de víctimas continúan buscando a sus desaparecidos, mientras el país enfrenta una guerra interna sin rumbo ni estrategia, marcada por abusos sistemáticos y extralimitaciones de las fuerzas militares.
