La delincuencia ha convertido el secuestro en un delito de oportunidad, multiplicando las víctimas y revelando la fragilidad del control estatal en provincias como Guayas.
Los secuestros dejaron de ser un crimen dirigido a empresarios o personas de alto perfil. Hoy, según Mario Centeno, jefe nacional de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), las bandas criminales han convertido este delito en un negocio de “oportunidad”: cualquiera puede ser víctima si se presenta el momento propicio.
Las cifras evidencian la magnitud del problema: en lo que va del 2025, la Policía ha liberado a 694 víctimas y ejecutado 1.002 operaciones, con 1.700 detenidos. Solo entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre se registraron 18 rescates y 71 aprehensiones. Gracias a estas intervenciones, se evitó el pago de más de $65 millones en secuestros y extorsiones.
Pese a estos golpes, el delito prolifera y se concentra en Guayas, donde se estima ocurre el 80 % de los casos. La estrategia de los criminales es clara: capturas rápidas, montos pequeños pero inmediatos, que dinamizan sus economías ilegales.
Lo preocupante es que este fenómeno refleja una criminalidad cada vez más adaptada y descentralizada, que ya no depende de grandes rescates sino de la suma de pequeños pagos que terminan financiando a las estructuras. Ante esto, la recomendación oficial se centra en la denuncia ciudadana y el cuidado de la información personal en redes sociales.
Sin embargo, más allá del llamado a la precaución individual, queda en evidencia que el Estado enfrenta un déficit estructural de seguridad: si cualquiera puede ser secuestrado en cuestión de minutos, el verdadero secuestro es el de la tranquilidad de la ciudadanía.
