En 16 de 24 provincias de Ecuador se realiza minería ilegal.
El incremento del precio del oro, que actualmente bordea los USD 4.000 por onza troy, ha provocado una nueva ola de minería ilegal en la región andina. Tanto en Perú como en Ecuador, grupos criminales aprovechan el valor del metal para operar en zonas ricas en yacimientos, dejando graves consecuencias ambientales y sociales.
Violencia y minería ilegal en Perú
En Perú, la minería ilegal ha derivado en hechos violentos, especialmente en La Libertad, donde se registraron ataques a la mina La Poderosa. Según Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), bandas criminales han dinamitado torres eléctricas, secuestrado y asesinado trabajadores, y extendido sus operaciones hacia zonas de la Sierra, incluso cerca de concesiones formales.
Macera explica que este fenómeno se acentuó en los últimos tres años por el boom de los ‘commodities’, con el oro y el cobre como los minerales más codiciados. Al 27 de octubre de 2025, el oro alcanzó los USD 3.997,30 la onza, un aumento del 44,7 % frente a 2024, mientras que el cobre subió un 18,8 %.
Para combatir la informalidad, el Gobierno peruano implementó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2016, que suspendía la responsabilidad penal de quienes iniciaban un proceso de formalización. Sin embargo, los resultados fueron limitados: apenas entre el 2 % y el 2,4 % de los inscritos lograron regularizarse.
Actualmente, unos 31.560 registros siguen activos, mientras que más de 50.000 fueron excluidos por incumplimiento de requisitos. Pese a esto, muchos de los excluidos buscan ser reincorporados.
Según Macera, los criterios fueron poco realistas y costosos, por lo que miles de mineros siguen operando “en el limbo”.
Además, el Congreso peruano deberá decidir si mantiene la vigencia del Reinfo, que permite comercializar minerales y adquirir insumos de forma legal hasta finales de 2025.
Ecuador: 387 focos ilegales en 16 provincias
En Ecuador, la minería ilegal se ha expandido aceleradamente en los últimos ocho años, con consecuencias ambientales graves como la contaminación de ríos por mercurio.
De acuerdo con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), hasta 2024 se identificaron 387 puntos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias, con focos críticos en Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
El impacto económico de esta actividad supera los USD 633 millones, aunque estimaciones de la Cámara de Minería del Ecuador (CME) elevan la cifra a USD 800 millones e incluso a más de USD 1.000 millones, según fuentes militares.
Su presidenta, María Eulalia Silva, calcula que el 67 % del oro extraído en Ecuador proviene de la minería ilegal.
Medidas del Gobierno ecuatoriano
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró en 2023 a la minería ilegal como una amenaza directa a la seguridad nacional.
Posteriormente, en 2024, el Ejecutivo creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) para coordinar acciones contra esta actividad.
En 2025, el Gobierno también redujo el subsidio al diésel, argumentando que su bajo precio favorecía el contrabando y la minería ilegal.
Además, las fuerzas de seguridad realizaron operativos en Imbabura, Azuay y otras provincias, desmantelando campamentos y maquinaria.
“El combate a la minería ilegal continuará en zonas clave del país”, advirtió el presidente Daniel Noboa el pasado 19 de octubre.
El reto regional
Tanto en Perú como en Ecuador, la minería ilegal se ha consolidado como un negocio millonario ligado al crimen organizado, que opera con logística, financistas y redes internacionales.
En Perú, se aprobó la Ley 32412, que busca controlar el uso y transporte de insumos químicos como mercurio, cianuro e hidrocarburos, empleados en la minería ilegal.
Asimismo, las autoridades trabajan junto a la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar movimientos económicos sospechosos y frenar el “blanqueo” del mineral a través de plantas procesadoras.
En Ecuador, la Cámara de Minería insiste en que la única forma de frenar esta expansión es impulsar la minería formal y responsable, con apoyo transversal de los poderes del Estado, gobiernos locales y el sistema judicial.
“La lucha contra la minería ilegal no puede depender solo del Ejecutivo”, advirtió Silva, quien pide acciones coordinadas para tipificar delitos, agilizar procesos y cortar el financiamiento del sector ilícito.
