Guayaquil, Manta y Durán: agencias de tránsito vinculadas al crimen y cobro de favores.
Una investigación de más de cuatro meses reveló cómo operaba una presunta red de corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, cuyo objetivo era recaudar dinero para el grupo delictivo Chone Killers. La información fue divulgada tras operativos conjuntos de la Policía Nacional y la Fiscalía, luego de la polémica generada entre el alcalde Aquiles Álvarez y el ministro del Interior, John Reimberg, por alertas de supuestos explosivos en la ciudad.
Según Reimberg, la estructura funcionaba de manera sofisticada: los agentes de tránsito detenían a conductores en controles viales y los intimidaban con amenazas de prisión, para luego ofrecerles la ayuda de un hombre que se hacía pasar por abogado. Este individuo actuaba en coordinación con la procuradora de la ATM y otros funcionarios, y cobraba entre USD 5.000 y 7.000 a cambio de documentos falsificados que evitaban la cárcel para los detenidos.
Entre las maniobras de la red se incluían la falsificación de boletas de traslado, que permitían enviar a los detenidos a hospitales o centros de detención vehicular bajo menor control, y la emisión de documentos fraudulentos para excarcelaciones, todo con fines económicos y para fortalecer la economía criminal del grupo Chone Killers.
Los seis detenidos durante los allanamientos realizados el 22 de octubre incluyen a Rafael Antonio M. P., que se hacía pasar por abogado; los agentes de tránsito Carlos Alberto M. Q. y Kevin Andrés J. B.; los exprocuradores judiciales Álvaro Luis C. V. y Andrick Guillermo C. P.; y María Gabriela F. M., actual procuradora jurídica de la institución.
Reimberg también advirtió sobre posibles vínculos administrativos dentro del Municipio de Guayaquil: la procuradora detenida es exesposa de Jorge Viteri Reyes, director de Compras Públicas del Municipio. Aunque no se ha determinado su participación, este hallazgo refuerza la necesidad de depurar las agencias municipales y garantizar la transparencia.
Durante los allanamientos, se incautaron matrículas de vehículos de otros cantones, equipos tecnológicos, credenciales institucionales y documentos judiciales falsificados, confirmando la complejidad y alcance de la red. Según el ministro, los recursos obtenidos no solo beneficiaban a los funcionarios implicados, sino que alimentaban directamente las operaciones del grupo delictivo, fortaleciendo su capacidad armamentista y sus actividades delictivas en la ciudad.
La investigación continúa para determinar el flujo exacto del dinero recaudado y su destino final, mientras la Policía y la Fiscalía mantienen un control estricto sobre los implicados.
