El destino de los casos Metástasis, Purga y sobornos en juego.
El 8 de abril de 2025 marca el fin del período de seis años de Diana Salazar como Fiscal General del Estado, cargo que ocupa desde 2019. En medio de un panorama incierto sobre su futuro, la funcionaria debe decidir si continuará en el puesto o lo entregará tras cumplir su mandato.
Salazar regresó recientemente al Ministerio Público luego de una licencia por maternidad tras el nacimiento de su segunda hija, a finales de 2024. Con su vuelta, la fiscal enfrenta la difícil decisión de si prorrogar su mandato o dejar el cargo. El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece que el período de un Fiscal General es de seis años, por lo que, de acuerdo con la ley, Salazar debería dejar el puesto el 8 de abril. Sin embargo, aún no hay avances sobre el nombramiento de su sucesor por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El COFJ también establece que Salazar podría quedarse en el cargo hasta que se designe a su reemplazo, lo que le da la opción de prorrogar su período. En una entrevista reciente con la revista Vistazo, la fiscal no confirmó si se quedará, pero expresó su compromiso con la estabilidad de la Fiscalía y con asegurar una transición ordenada.
En caso de que Salazar decida no continuar, el fiscal subrogante Wilson Toainga sería quien asumiría la función, aunque solo de manera temporal, según lo establece la ley. Sin embargo, este proceso se ve condicionado por la situación del CPCCS, el cual tiene la responsabilidad de nombrar al nuevo fiscal.
El CPCCS, que también atraviesa dificultades internas, enfrenta una crisis de liderazgo después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyera a tres de sus miembros, todos de filiación correísta. Aunque dos de esos cargos fueron ocupados por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán, la séptima vocalía sigue vacante y está siendo disputada por David Rosero y Oscar Ayerve, lo que complica aún más el proceso de nombramiento de un nuevo Fiscal General.
Los grandes casos de Diana Salazar Durante su gestión, Diana Salazar ha estado al frente de importantes casos relacionados con la corrupción y la infiltración del narcotráfico en la política y la justicia ecuatoriana, convirtiéndose en una figura clave en la lucha contra la impunidad. A lo largo de estos años, la fiscal ha logrado importantes avances en la investigación y persecución de delitos de gran envergadura, lo que ha marcado su mandato como uno de los más relevantes en la historia reciente del Ministerio Público.
Ahora, mientras se acerca el fin de su período, los ecuatorianos esperan conocer qué decisión tomará Salazar respecto a su futuro, un tema que está generando gran expectación en el país.
Caso Sobornos Proceso por cohecho |
Hechos: En este caso, la Fiscalía de Diana Salazar comprobó la existencia de una estructura de corrupción que operó de manera paralela a la Presidencia de la República de Rafael Correa (foto). Esta estructura cobro sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y usó ese dinero para el financiamiento de actividades político electorales. 20 personas, incluyendo a Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios correístas de alto perfil, fueron sentenciados a ocho años de prisión.
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Caso Las Torres Proceso por delincuencia organizada |
Hechos: Dentro de este proceso, el Ministerio Público evidenció que en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador funcionaba una red de corrupción que cobraba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y agilizar pagos a proveedores petroleros. Pablo Celi (foto), excontralor General; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. También fueron condenados otros nueve exfuncionarios y empresarios.
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Casos Diezmos Procesos por concusión
| Hechos: Durante la gestión de Diana Salazar, la Fiscalía ha iniciado varios casos denominados Diezmos. Se trata de procesos contra autoridades de elección popular -sobre todo asambleístas- que exigieron pagos ilegales a sus colaboradores a cambio de puestos de trabajo y estabilidad laboral. Por estos procesos han sido sentenciadas María Alejandra Vicuña (foto), Noma Vallejo y Karina Arteaga, tres exlegisladoras de Alianza PAIS, así como la exasambleísta lojana Nivea Vélez. También está siendo procesada Bella Jiménez, exasambleísta por la Izquierda Democrática. |
Caso Hospítal de Pedernales Proceso por delincuencia organizada | Hechos: Durante la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía impulsó este caso por un desfalco al Estado por parte de un consorcio privado que recibió USD 8 millones de anticipo para construir el Hospital de Pedernales, pero que, en ligar de edificar la obra, desvío ese dinero. El exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza (foto), fue sentenciado, al igual que Edmundo Tamayo, exdirector del Secob. Mientras que el exlegislador Eliseo Azuero se mantiene prófugo. hasta la actualidad y no ha sido juzgado. |
Caso Metástasis Proceso por delincuencia organizada | Hechos: Tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, a finales de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Con base en los chats encontrados en los equipos de Norero, Salazar desenredó una estructura de corrupción judicial en la que trabajaban abogados, empresarios, policías y políticos con el objetivo de lograr impunidad para Norero. 32 personas fueron sentenciadas, incluyendo a Wilman Terán (exjuez Nacional y expresidente de la Judicatura) y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. |
Caso Purga Proceso por delincuencia organizada | Hechos: Una de las sentenciadas en el caso Metástasis fue Mayra Salazar, supuesta operadora de Norero y relacionista pública de la Corte del Guayas. Tras su captura, la mujer colaboró con la Fiscalía y permitió desmantelar una estructura de corrupción que comandaba Pablo Muentes (foto), exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y que manejaba la justicia en esa provincia. En total 10 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada. |
Caso Independencia Judicial Proceso por obstrucción a la justicia | Hechos: En este caso, la Fiscalía procesó a 11 exfuncionarios de la Judicatura quienes suspendieron y destituyeron, de manera ilegal, a Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El objetivo, según la acusación, era separar a Macías del conocimiento del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que era procesada Ruth Barreno (foto), exvocal de la Judicatura y también vinculada a Independencia Judicial. Wilman Terán, Barreno y nueve más fueron condenados. |
