El Gobierno endurece la respuesta judicial con cargos de terrorismo, mientras crecen las dudas sobre la criminalización de la protesta social.
Las manifestaciones contra el retiro del subsidio de combustibles en Ecuador se intensifican y, hasta este jueves, dejan un saldo de 85 personas detenidas, según confirmó el Ministerio del Interior. Las protestas, que iniciaron el lunes, se han extendido de forma paulatina hacia diferentes puntos del país, especialmente en Imbabura y Pichincha, donde los bloqueos han sido más frecuentes.
De los detenidos, 79 son hombres y 6 mujeres; además, 10 son menores de edad, de acuerdo con la información oficial. La Fiscalía General del Estado ya inició procesos judiciales en su contra, centrando los primeros casos en los incidentes ocurridos en Otavalo, donde un grupo ingresó a las instalaciones del Comando de la Policía Judicial, ocasionó daños materiales, incendió vehículos institucionales y particulares, y sustrajo documentos.
Por estos hechos, trece personas enfrentan cargos por el presunto delito de terrorismo, una tipificación que abre debate por su severidad y que ha sido cuestionada en anteriores episodios de protesta social en Ecuador. La jueza especializada en corrupción y crimen organizado dictó prisión preventiva para doce de los implicados y medidas sustitutivas para una mujer.
Aunque el Gobierno justifica las detenciones como parte de la aplicación de la ley frente a hechos violentos, surgen voces críticas sobre el manejo de la protesta social y el uso del derecho penal. El empleo de la figura de terrorismo, en lugar de otros delitos como sabotaje o daño a bien público, podría interpretarse como un intento de endurecer la respuesta estatal y deslegitimar la movilización social.
Las protestas se producen en un contexto de creciente malestar ciudadano por la eliminación del subsidio, una medida que impacta directamente en el precio del transporte y en el costo de vida. La reacción policial y judicial muestra que el conflicto no se limita a las calles, sino que abre una disputa más profunda sobre el derecho a la protesta, la criminalización de la inconformidad y los límites de la fuerza estatal en un país con antecedentes de convulsión social por decisiones económicas similares.
