El MAATE primero confirmó que la intervención se hizo sin permisos municipales, pero horas después borró el mensaje y aseguró que no hubo afectación a la fauna, pese a las escenas de aves confundidas en pleno regreso a su hábitat.
La poda ejecutada por el Municipio de Guayaquil este 13 de agosto en Puerto Santa Ana ha dejado más preguntas que respuestas. Lo que para la autoridad local sería una intervención rutinaria, para defensores ambientales y residentes ha sido una agresión directa al ecosistema urbano.
La controversia escaló cuando el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) acudió al lugar tras denuncias de colectivos animalistas. En un primer comunicado, emitido a las 18:53 del mismo día, la institución aseguró que el “desbroce” se realizó sin permisos municipales. Sin embargo, horas después, esa publicación fue eliminada y reemplazada por otra que omitía por completo este dato clave, limitándose a informar que “no se observaron nidos activos de aves ni afectación a la fauna del lugar”.
Esta rectificación oficial contrasta con lo que este Diario registró al anochecer. Decenas de garzas, que habían abandonado las ramas en la mañana, regresaron para encontrar su hábitat alterado y ramas cortadas. Sobrevolaron el sector de forma errática, posándose en lugares improvisados. Una escena similar fue denunciada por ciudadanos en la ciudadela Las Garzas, al norte de Guayaquil, donde otra poda habría dejado a las aves sin refugio.
Para el ingeniero ambiental Julián Pérez-Correa, director de la Fundación JaPu, la versión del MAATE es incompleta. “Aunque no se vean nidos, sí hay afectación. Las aves regresarán porque el entorno es ideal para ellas, pero hoy sufrieron una alteración brusca de su rutina”, explicó. Además, sugirió medidas innovadoras para la convivencia: “Podemos instalar colectores de deposiciones bajo los nidos y reutilizarlas como abono en obras municipales. Es un ganar-ganar”. Pérez-Correa recordó que Guayaquil alberga casi el 15% de todas las especies de garzas del mundo, un patrimonio natural que merece protección.
La abogada María José Molineros advirtió que cualquier afectación a la fauna silvestre podría acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios que autoricen o ejecuten acciones que vulneren su bienestar.
Entre las contradicciones institucionales y las imágenes de aves desorientadas, la poda de Puerto Santa Ana deja en evidencia una realidad incómoda: en Guayaquil, la gestión del espacio público y la protección de su biodiversidad parecen seguir caminos distintos.
