Paro 2022 causó daños económicos de $1.115 millones

¿El paro del 2025 puede acercarse al 2022 en perjuicio económico?

El 18 de septiembre de 2025, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó un paro nacional “inmediato e indefinido” para presionar al Gobierno de Daniel Noboa a revertir la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón a $2,80.

Este llamado rememora los bloqueos de junio de 2022, también organizados por la Conaie y otras organizaciones sociales e indígenas, en protesta por el aumento de los combustibles propuesto por el entonces presidente Guillermo Lasso.

Pérdidas millonarias del paro de 2022

Las movilizaciones de 2022, que se extendieron del 13 al 30 de junio, provocaron cierres de vías, interrupción de actividades, daños a infraestructura y toma de pozos petroleros. Según un informe del Banco Central del Ecuador (BCE), con apoyo del Banco Mundial y otras entidades, los perjuicios totales ascendieron a $1.115,4 millones, equivalentes aproximadamente al 1 % del PIB de ese año.

De este total, $1.104,8 millones correspondieron a pérdidas económicas y $10,6 millones a daños materiales. El sector privado concentró $833,8 millones, mientras que el sector público registró $281,6 millones.

Distribución de las pérdidas por sectores

  • Comercio: $318,1 millones

  • Manufactura (excepto refinación de petróleo): $219,5 millones

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: $79 millones

  • Alojamiento y servicios de comida: $56,2 millones

  • Petróleo y minería: $48,5 millones

  • Transporte: $41 millones

  • Refinación de petróleo: $17,9 millones

  • Otros servicios: $16,4 millones

  • Actividades profesionales: $16 millones

  • Enseñanza y servicios sociales y de salud: $8,2 millones

  • Correo y comunicaciones: $7 millones

  • Servicios financieros: $4,3 millones

  • Acuicultura y pesca de camarón: $1,3 millones

Subsidio al diésel y argumentos del Gobierno

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, explicó que el subsidio al diésel representaba entre $1.100 y $1.400 millones al año, dinero que, según el Ejecutivo, se destinaba al contrabando y a actividades ilegales como la minería. Rovira indicó que la eliminación del subsidio busca cerrar brechas sociales y fortalecer programas de protección social.

Los opositores a la medida argumentan que la subida del precio del combustible aumenta el costo de vida y afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, situación que también fue central en las protestas de 2022.

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