Los pacientes renales denuncian que el retraso en los pagos del Estado a las dializadoras pone en riesgo su vida y la continuidad de sus tratamientos.
“No somos delincuentes, somos pacientes”. Con esa consigna, un grupo de personas con insuficiencia renal crónica protestó este lunes 1 de septiembre de 2025 bloqueando la vía Babahoyo – Juján. Los manifestantes exigieron al Gobierno que cumpla con el pago a las unidades de diálisis, ya que su tratamiento depende de la continuidad de estos servicios.
La manifestación incluyó quema de llantas y cierre de la calzada, lo que interrumpió el tránsito vehicular. Con pancartas y gritos, los pacientes reclamaron que la falta de pagos amenaza directamente su vida.
“La salud no espera”, expresó una mujer que lleva 15 años sometiéndose a diálisis tres veces por semana. Recordó que suspender el tratamiento puede tener consecuencias fatales.
Según los manifestantes, más de 1 100 pacientes dependen de los centros de diálisis en Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo. Sin embargo, los retrasos en los desembolsos estatales ponen en riesgo la atención.
El problema no es nuevo. Apenas la semana pasada, Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, aseguró que 100 unidades de diálisis están “prácticamente listas” para atender la demanda. Y en junio, el Gobierno informó sobre un pago de 22 millones de dólares para reducir la deuda con las prestadoras de salud.
No obstante, los números reflejan una brecha mayor. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, afirmó que se han cancelado 55 millones de dólares en lo que va del año. Sin embargo, la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador estima que hasta abril de 2025 la deuda del Estado con las dializadoras rozaba los 200 millones de dólares.
Mientras las cifras se debaten en despachos oficiales, los pacientes renales insisten en que no pueden esperar. Su protesta es un grito de auxilio frente a un sistema que, aseguran, los empuja al límite de la supervivencia.
