La medida tendrá una duración de 60 días y permite a las fuerzas del orden realizar allanamientos e interceptar comunicaciones para combatir a grupos armados organizados.
Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, a través del Decreto Ejecutivo 76, emitido el miércoles 6 de agosto. La medida tendrá una vigencia de 60 días y responde a una “grave conmoción interna” provocada por el accionar de grupos armados organizados.
La declaratoria se ampara en el incremento de los índices de violencia, el cometimiento de delitos y la intensidad de ilícitos registrados en estas jurisdicciones, según consta en el documento oficial. Se menciona, además, el contexto del conflicto armado interno que atraviesa el país, cuya conceptualización fue suspendida parcialmente por la Corte Constitucional (CC) el pasado 4 de agosto, al dejar sin efecto el artículo 6 de la Ley de Solidaridad Nacional.
Durante el estado de excepción, el Ejecutivo argumenta que se requiere tiempo y respaldo normativo para fortalecer la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el objetivo de recuperar el control del orden público, proteger a la ciudadanía y garantizar la soberanía del Estado.
Como parte de esta medida, se suspenden derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a las fuerzas del orden ejecutar inspecciones, allanamientos, requisas y operaciones orientadas a ubicar a integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada.
Además, las autoridades podrán interceptar y recopilar comunicaciones, tanto físicas como electrónicas, que sirvan para detectar actos ilícitos o el paradero de los presuntos responsables.
Este nuevo estado de excepción se suma a una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Noboa en su política de seguridad, que ha estado marcada por una declaratoria de conflicto armado interno desde enero de 2024, en respuesta a la escalada de violencia vinculada al crimen organizado en el país.
