La Disposición Transitoria Décimo Primera del proyecto de Ley de Integridad Pública abre la puerta a un cambio estructural que, según el sector cooperativo, pone en riesgo los principios de la economía popular y solidaria.
Un cambio de fondo para las cooperativas de ahorro y crédito fue aprobado por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025, como parte del proyecto de Ley de Integridad Pública. La normativa contiene una disposición transitoria la Décimo Primera que plantea la posibilidad de que ciertas cooperativas pasen a convertirse en bancos privados, lo que ha generado fuertes críticas desde el sector cooperativo.
La disposición establece que la futura Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, una entidad que se conformará tras la fusión de la actual Junta Financiera y la Junta Monetaria, será la encargada de emitir las regulaciones necesarias para identificar a las cooperativas que deberán transformarse en sociedades anónimas del sistema financiero privado. Este proceso deberá iniciarse en un plazo de 90 días a partir de la conformación oficial de dicha Junta.
¿Qué justifica esta transformación?
Según el texto legal, el objetivo de esta medida es “proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía y preservar la estabilidad financiera”. Para ello, la Junta deberá realizar análisis de interconexión y riesgo sistémico que le permitan determinar qué cooperativas deben transitar hacia un modelo bancario.
¿Qué implica pasar de cooperativa a banco?
La propuesta implica un cambio sustancial en la naturaleza jurídica y operativa de las entidades afectadas. Las cooperativas funcionan bajo un modelo de propiedad colectiva, donde cada socio tiene un voto, sin importar cuánto capital haya aportado. Su objetivo principal no es el lucro, sino el bienestar de sus asociados. Además, están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), que representa a siete organismos cooperativos con más de 5,1 millones de socios y cerca del 90% de los activos del sector, expresó su rechazo a la reforma un día antes de su aprobación. En un comunicado, calificó de inconstitucional el intento de imponer una transformación jurídica obligatoria.
“El proyecto pretende sustituir la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional. Esto rompe con los principios de la Economía Popular y Solidaria”, manifestó Asofipse. Además, ha solicitado al presidente de la República vetar el proyecto de ley, al considerar que se atenta contra el modelo cooperativo protegido por la Constitución.
El debate ahora se traslada al Ejecutivo, que deberá decidir si objeta la ley o la promulga tal como fue aprobada. Mientras tanto, el sector cooperativo se mantiene en alerta, advirtiendo que esta reforma podría cambiar de forma irreversible el sistema financiero popular del país.
