Eliminación del CPCCS, reducción de asambleístas y trabajo por horas vuelven al debate, pese al ‘no’ ciudadano en procesos previos. Analistas ven la consulta como una medición política.
La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción del número de asambleístas y la implementación del trabajo por horas –en esta ocasión limitado al sector turístico– forman parte del nuevo paquete de temas que el Gobierno de Noboa busca llevar a las urnas el próximo 14 de diciembre de 2025.
Aunque estos temas ya fueron consultados y rechazados en 2023 y 2024, el Ejecutivo confía en que el escenario político actual, marcado por altos niveles de aceptación presidencial, influya en una respuesta distinta de la ciudadanía. Para analistas consultados, esto convierte a la consulta en un termómetro de la popularidad de Noboa, más allá del contenido de las preguntas.
Antecedentes de los temas consultados
En febrero de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, dos preguntas sobre el CPCCS fueron respondidas con un «no» por más del 57 % de los votantes. La primera proponía quitarle la facultad de designar autoridades de control, y la segunda cambiar la forma de elección de sus miembros.
Ese mismo año, otra pregunta proponía reducir el número de asambleístas utilizando criterios demográficos, lo cual también fue rechazado por el 53,07 % de los electores.
En 2024, Noboa ya incluyó en su consulta la propuesta de instaurar el trabajo por horas a nivel general. En esa ocasión, la ciudadanía lo rechazó con un contundente 69,50 % frente al 30,50 % que apoyó la medida.
Un termómetro político más que jurídico
Para el exministro de Gobierno Francisco Jiménez, no hay un momento ideal ni inadecuado para convocar a una consulta, siempre que las preguntas estén bien formuladas y los anexos sean técnicamente sólidos.
«En las letras chiquitas es donde se esconde el éxito o el fracaso de las reformas», advirtió, al señalar que más allá del tema, la forma y la claridad de la propuesta son claves.
Jiménez también sostuvo que el nivel de respaldo que tenga quien convoca la consulta influye directamente en el resultado. En este caso, subrayó que Noboa ha puesto sobre la mesa asuntos de interés nacional que ya forman parte del debate público desde hace años.
Por su parte, el analista político y exasambleísta Héctor Muñoz considera que el pronunciamiento de la Corte Constitucional será determinante, especialmente en lo que respecta a temas ya consultados con anterioridad.
La propuesta de consulta debe ser revisada y aprobada por la Corte Constitucional, que analizará si las preguntas cumplen los requisitos legales y constitucionales. Recién con ese aval, el Gobierno podrá iniciar la convocatoria oficial para diciembre.
Mientras tanto, sectores políticos, sociales y académicos ya anticipan un nuevo debate nacional en torno a los mismos temas que ya fueron puestos a prueba… y que podrían volver a dividir a la ciudadanía.
