El caso Serrano expone redes familiares en la Función Legislativa y podría marcar un precedente si se aplica una sanción ejemplar.
El caso de Dominique Serrano, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), tiene ahora un nuevo protagonista: Niels Olsen, presidente del Consejo de Administración Legislativa (CAL), quien deberá decidir si este escándalo marca un antes y un después en la Asamblea.
Serrano quedó en el centro de la polémica tras ser captado dibujando en plena sesión de fiscalización. Pero el verdadero problema son los vínculos familiares que salieron a la luz: su madre, Paulina Molina, trabajó como asesora legislativa; su hermano, Jeremy Serrano, también ocupa un cargo en la Función Legislativa; y su alterna es hija de Eckenner Recalde, asambleísta de ADN que contrató a Molina.
Aunque la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe la contratación de familiares, expertos como la abogada Melania Carrión alertan que este caso evidencia cómo se aprovechan vacíos para ubicar parientes y conocidos sin violar directamente la norma. Para el penalista Pablo Encalada, se trata de una práctica “éticamente reprochable” que alimenta la desconfianza ciudadana en la política.
Ahora la presión está sobre Olsen, quien preside el CAL y tiene la potestad de impulsar una sanción ejemplar. Si lo hace, abriría un precedente para frenar redes familiares y favores políticos que por años se han normalizado en la Asamblea. Si no, la impunidad volverá a imponerse, como ocurrió en 2017 cuando se documentaron decenas de casos similares sin consecuencias.
