Colectivos sociales denuncian una estrategia de amedrentamiento y advierten que se está usando el sistema penal para criminalizar la protesta pacífica.
El Municipio de Guayaquil formalizó este lunes 14 de julio una denuncia penal por el presunto delito de daño a bien ajeno, a raíz de la protesta registrada el pasado domingo en la avenida Del Bombero. La manifestación, liderada por colectivos ciudadanos que cuestionan obras en la zona, terminó con afectaciones a infraestructura municipal, según el documento presentado ante la Fiscalía.
La denuncia fue ingresada por el abogado José Francisco Espinoza Aguirre, en calidad de apoderado especial y procurador judicial del alcalde Aquiles Álvarez y del procurador síndico municipal, Francisco Vélez Mendoza.
El detalle más llamativo del reclamo legal es el valor que el Municipio asigna a los daños: $5.077,32. De ese total, $4.684,30 más del 92 % corresponde únicamente a un letrero luminoso. El resto se reparte entre una barricada de madera destruida ($90,62) y la pintura de grafitis sobre nueve planchas metálicas de cerramiento ($302,40).
Aunque la obra se encuentra suspendida, el documento argumenta que los elementos afectados son parte del equipamiento de seguridad vial municipal, y que su deterioro podría representar un riesgo para los conductores. Por ello, se solicitó a la Fiscalía que oficie a Segura EP y al ECU 911 para entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de la protesta, con el fin de identificar a los responsables.
Sin embargo, el pedido a las autoridades de seguridad llega después de que el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, asegurara públicamente en redes sociales que ya se había identificado a los responsables gracias a imágenes de videovigilancia, incluso revelando datos personales de los supuestos involucrados.
Ante la acción legal, colectivos como La Revolución Animal respondieron con un comunicado en el que denuncian un intento de amedrentamiento. “Con una denuncia por vandalismo nos pretenden intimidar”, afirmaron. El grupo sostiene que su protesta fue pacífica y que la medida busca “criminalizar el disenso y generar un efecto silenciador contra la ciudadanía que reclama”.
La protesta, como otros episodios recientes en Guayaquil, evidencia una creciente tensión entre autoridades y sectores ciudadanos movilizados. Lo que para el Cabildo constituye un acto de vandalismo con perjuicio económico, para los colectivos representa un ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
