En las dos principales cárceles de Guayaquil —la Penitenciaría del Litoral y la Regional Guayas— murieron ocho reclusos entre el 1 y 2 de noviembre de 2025.Solo uno de los fallecidos presentaba signos de violencia; los demás mostraban desnutrición extrema y enfermedades respiratorias avanzadas, síntomas de una crisis sanitaria que el Estado ha dejado pudrir detrás de los muros.El SNAI confirmó que 12 presos murieron en tres provincias del país durante esos dos días: ocho en Guayas, cuatro en Azuay y dos en Esmeraldas. Algunos casos estuvieron relacionados con enfrentamientos entre bandas criminales, pero la mayoría obedeció a causas evitables.Tuberculosis: una condena dentro de la condenaEl brote de tuberculosis que afecta a las cárceles ecuatorianas no es nuevo. Se detectó en 2024 y alcanzó su punto más crítico este año, con 1.131 casos confirmados en todo el sistema penitenciario, es decir, un 3,24% de la población carcelaria.Sin embargo, pese a la gravedad del problema, no hay un plan sanitario sostenido ni recursos suficientes para contener la propagación. Entre enero y agosto de 2025, el complejo carcelario del norte de Guayaquil registró 150 muertes, de las cuales 21 fueron violentas. El resto, por enfermedad o desnutrición.Esa cifra casi iguala el total de muertes naturales ocurridas en las 35 cárceles del país durante todo 2024 (173 casos).Seis de los fallecidos en noviembre estaban en la Penitenciaría del Litoral, el centro más afectado por tuberculosis, y dos en la Regional Guayas. En imágenes filtradas desde el interior se observan cuerpos raquíticos, con sondas, …
En las dos principales cárceles de Guayaquil —la Penitenciaría del Litoral y la Regional Guayas— murieron ocho reclusos entre el 1 y 2 de noviembre de 2025.
Solo uno de los fallecidos presentaba signos de violencia; los demás mostraban desnutrición extrema y enfermedades respiratorias avanzadas, síntomas de una crisis sanitaria que el Estado ha dejado pudrir detrás de los muros.
El SNAI confirmó que 12 presos murieron en tres provincias del país durante esos dos días: ocho en Guayas, cuatro en Azuay y dos en Esmeraldas. Algunos casos estuvieron relacionados con enfrentamientos entre bandas criminales, pero la mayoría obedeció a causas evitables.
Tuberculosis: una condena dentro de la condena
El brote de tuberculosis que afecta a las cárceles ecuatorianas no es nuevo. Se detectó en 2024 y alcanzó su punto más crítico este año, con 1.131 casos confirmados en todo el sistema penitenciario, es decir, un 3,24% de la población carcelaria.
Sin embargo, pese a la gravedad del problema, no hay un plan sanitario sostenido ni recursos suficientes para contener la propagación.
Entre enero y agosto de 2025, el complejo carcelario del norte de Guayaquil registró 150 muertes, de las cuales 21 fueron violentas. El resto, por enfermedad o desnutrición.
Esa cifra casi iguala el total de muertes naturales ocurridas en las 35 cárceles del país durante todo 2024 (173 casos).
Seis de los fallecidos en noviembre estaban en la Penitenciaría del Litoral, el centro más afectado por tuberculosis, y dos en la Regional Guayas. En imágenes filtradas desde el interior se observan cuerpos raquíticos, con sondas, piel pegada al hueso, retratos de un sistema que ya no rehabilita, sino que consume vidas lentamente.
El Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles denuncia que los internos están siendo víctimas de un “exterminio silencioso”. Las descripciones son crudas: “los cuerpos parecen salidos de un campo de concentración”.
Y aunque las alertas se multiplican, el Estado parece haber normalizado la muerte tras las rejas.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Penitenciaría cuenta con apenas dos a cuatro médicos para más de 7.000 internos. Los enfermos duermen sobre cartones o en el piso, sin medicinas, sin comida suficiente y sin acceso regular a agua potable.
En algunos pabellones hay más de 500 presos infectados con tuberculosis, una bacteria que se propaga con facilidad en espacios cerrados y hacinados.
El hacinamiento supera el 48% en el complejo carcelario y llega al 231% en el Centro de Detención Provisional (CDP), según cifras oficiales del SNAI. Celdas diseñadas para tres camas albergan hasta nueve personas, y los pabellones carecen incluso de ventilación.
La crisis penitenciaria ya no puede explicarse solo por la violencia entre bandas o la corrupción interna.
Lo que ocurre en las cárceles ecuatorianas responde a una violencia estructural del propio Estado, incapaz —o indiferente— ante las condiciones inhumanas de encierro.
Ni la militarización decretada en 2024 ni los operativos de control han resuelto el fondo del problema. Hoy, apenas siete de las 35 cárceles del país permanecen bajo control militar, entre ellas las cinco del norte de Guayaquil.
Mientras tanto, los fallecidos siguen sumándose, invisibles, a una estadística que crece entre tuberculosis, hambre y negligencia institucional.
