Contradicciones entre el Gobierno y gremios médicos marcan la investigación por la muerte de 12 neonatos en Guayaquil.
La muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil ha encendido las alarmas sobre el estado real del sistema de salud pública en Ecuador. Mientras el ministro de Salud, Jimmy Martin, asegura que no hay escasez de insumos ni negligencia, gremios médicos y reportes periodísticos apuntan a lo contrario.
Este martes, Martin anunció la conformación de una comisión externa de epidemiólogos, neonatólogos y pediatras, con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para investigar el caso “con total independencia y transparencia”. También informó que tres hospitales públicos de Guayaquil —Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur— serán intervenidos por las Fuerzas Armadas, que asumirán el control de áreas estratégicas como jurídico, finanzas, talento humano y bodega, tras denuncias de presuntas redes de corrupción.
El escándalo estalló la semana pasada, cuando un medio local reveló que al menos 18 neonatos habían muerto por una infección causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC. Según la denuncia, la bacteria se habría transmitido por el uso de cánulas nasales reutilizadas en distintos pacientes debido a la falta de insumos.
El Ministerio, sin embargo, admitió solo 12 muertes y sostuvo que únicamente dos estarían vinculadas a la bacteria. Martin argumentó que los decesos fueron “multifactoriales” y afectaron a bebés con condiciones críticas como bajo peso, prematuridad extrema o complicaciones maternas. No precisó las fechas exactas de los casos confirmados por KPC y sostuvo que, en pacientes de muy bajo peso, no se utilizan cánulas, sino otros dispositivos.
Las declaraciones del ministro chocan con la postura del Colegio de Médicos del Guayas, que un día antes denunció la falta de materiales médicos en hospitales públicos, y con testimonios internos que apuntan a un grave desabastecimiento.
Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación penal para determinar las causas y eventuales responsabilidades en las muertes. La intervención militar y la presencia de la OPS buscan devolver confianza, pero la opinión pública sigue preguntándose si la raíz del problema —la precariedad estructural del sistema de salud— quedará realmente expuesta o será cubierta por declaraciones oficiales.
