Guayaquil se ha convertido en una ciudad que sobrevive entre el crimen organizado y las peleas de las autoridades que protagonizan nuevas revanchas políticas.
Mientras las balas marcan la pauta en las calles y los charcos de sangre se han vuelto parte de la regeneración urbana, desde las oficinas públicas reina el desacuerdo, el revanchismo y el cruce de palabras sin propuestas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.
Las autoridades locales y nacionales, lejos de coordinarse, se lanzan acusaciones mutuas. Para Mary Lasso, vecina de Urdesa, esta crisis es fruto de “un divorcio institucional que ha dejado sola a la ciudadanía”.
Especialistas en seguridad coinciden en que este vacío ha sido aprovechado por estructuras criminales cada vez más sofisticadas. John Garaycoa, criminólogo y experto en psicofisiología forense, sostiene que los grupos delictivos “ya no son pandillas improvisadas, sino empresas delictivas bien organizadas”. Cobran vacunas, asignan zonas, manejan finanzas. “Son empresarios del delito”, afirma con crudeza.
Pero lo más alarmante, advierte, no es la organización del crimen, sino la desorganización del Estado. Ni el Gobierno central ni los gobiernos locales han articulado una respuesta integral. La fragmentación institucional, la lentitud judicial y la falta de voluntad política forman parte de un sistema que, para Garaycoa, “está podrido desde dentro”.
Las promesas de seguridad han quedado en discursos vacíos. Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía, señala que la falta de una estrategia conjunta ha debilitado toda capacidad de respuesta. “No hay coordinación. Nadie habla con nadie. Y mientras tanto, las bandas hacen lo que quieren”, asegura.
Hace una década, dice Correa, existía al menos un esfuerzo por articular políticas de seguridad, como el Plan Más Seguridad. Hoy no queda ni eso. El caos institucional ha sido el mejor aliado del crimen.
Desde la sociedad civil, el activista Gelacio Mora va más allá y apunta a las causas estructurales del conflicto. “Esta violencia es el resultado de décadas de abandono. El hambre, la falta de educación y de oportunidades han dejado a los barrios como presa fácil para el crimen organizado”, sostiene.
Para Mora, el Estado ha sido cooptado por mafias internas. “Muchos políticos han pactado con el crimen. Se protegen entre ellos, persiguen a quienes piensan distinto y nos dejan a los ciudadanos completamente desprotegidos”, denuncia.
Ante la presión, el Municipio de Guayaquil anunció que pondrá a disposición recursos municipales para apoyar a la fuerza pública. Una medida que la ciudadanía considera insuficiente, un “parche” frente a una herida que requiere cirugía mayor.
Y mientras la ciudad clama por unidad, el diálogo político se reduce a ataques personales. El ministro de Gobierno, José De la Gasca, minimizó el llamado del alcalde Aquiles Álvarez al trabajo conjunto, cuestionando incluso su situación judicial. La gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, fue más allá: “Yo no tengo tiempo para tardes de té”, dijo en una entrevista radial, dejando claro que no piensa reunirse con el alcalde.
¿Y la seguridad? ¿Y la población atrapada entre balas? El silencio de las instituciones sobre un verdadero plan integral y la improvisación, retumba con la misma fuerza que las explosiones en los barrios marginales de la ciudad.
