Expertos alertan sobre 4 posibles violaciones constitucionales en la Ley de Inteligencia, pero el temor y la falta de reglamento frenan acciones.
La Ley de Inteligencia fue aprobada el 10 de junio de 2025 y publicada al día siguiente en el Registro Oficial, lo que significa que ya está en vigencia. A pesar de que varios expertos han señalado posibles problemas legales y advertido sobre su impacto en los derechos ciudadanos, hasta este viernes 20 de junio no se ha presentado ninguna demanda de inconstitucionalidad.
Durante el segundo debate en la Asamblea, incluso la asambleísta oficialista Inés Alarcón (ADN) reconoció que la ley generaba inquietudes. Aun así, defendió el proyecto afirmando que no obliga a los periodistas a revelar sus fuentes y que tiene límites claros: solo aplica a actividades ilícitas y no puede intervenir en asuntos legales.
Sin embargo, especialistas en derecho y seguridad no comparten esa visión. Gabriela León, coordinadora de Derecho en la UISEK, advierte que la ley puede poner en riesgo principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. Señala que bajo esta normativa una persona podría ser espiada solo por ser “sospechosa”, y si luego se demuestra que fue un error, ¿quién repara el daño?
Para Renato Rivera, catedrático en seguridad internacional, el problema no es solo lo que la ley permite, sino la rapidez con la que fue aprobada y la falta de controles. A diferencia de otros países, en Ecuador la ley omite requisitos como la autorización judicial para investigaciones, o normas claras sobre gastos reservados.
André Benavides, abogado constitucionalista, también considera que la norma tiene vicios de inconstitucionalidad por permitir la interceptación de comunicaciones y el acceso a información reservada sin orden judicial. Cree que sí podría haber demandas en los próximos días, incluso con pedidos de suspensión temporal de la ley.
¿Por qué nadie ha demandado aún?
Aunque hay fuertes cuestionamientos, no hay ninguna acción legal activa contra esta ley, a diferencia de la Ley de Solidaridad —también aprobada recientemente— que ya enfrenta una demanda.
Según León, esto se debe a dos factores:
El poder que otorga la ley al Estado, que podría usarse para silenciar a voces críticas del ámbito jurídico y periodístico.
Y que preparar una demanda de inconstitucionalidad toma tiempo, ya que requiere argumentos sólidos y documentación detallada.
Por ahora, la Ley de Inteligencia sigue vigente, en medio del silencio de los actores legales, el temor de algunos sectores y las advertencias sobre su posible mal uso.
