¿Por qué cerramos casinos físicos si ya están en nuestros celulares?
Mientras el debate político en Ecuador se centra en si los casinos deberían reabrir sus puertas en hoteles de cinco estrellas, millones de ecuatorianos acceden a ruletas y mesas de póker con solo un clic. La propuesta de reabrir los casinos físicos, nacida de una ley que data de 2011, parece ser una solución del pasado para un problema del presente. Nos encontramos ante una paradoja tecnológica: una normativa que se enfoca en paredes y edificios, mientras el verdadero centro de juego se ha mudado silenciosamente a la palma de nuestra mano. Es tiempo de confrontar esta contradicción.
La ley de 2011: ¿Una prohibición solo para el mundo físico?
Para entender la polémica actual, hay que retroceder hasta 2011. En ese año, una consulta popular condujo al Decreto Ejecutivo 873, que prohibió los juegos de azar con fines de lucro y cerró los casinos físicos. Una medida contundente que incluso se reforzó con el artículo 236 del Código Penal, sancionando a quienes operen estos establecimientos de manera ilegal.
Pero aquí reside el primer punto de nuestra paradoja. A pesar de esa prohibición, el juego nunca desapareció del todo en Ecuador. Hoy, la Lotería Nacional sigue operando, y la Junta de Beneficencia de Guayaquil mantiene sus puntos de suerte, bajo un modelo de beneficencia. La ironía se hace más evidente con la existencia de plataformas estatales como Bet593, que operan de forma 100% digital, ofreciendo apuestas deportivas y evidenciando que el Estado, en la práctica, sí permite—y se beneficia de—ciertas formas de juego en línea. Esto demuestra que la ley de 2011 no prohibió el juego, solo lo empujó fuera de las paredes de los casinos.
El juego no desapareció, se hizo virtual
Si la ley de 2011 cerró los casinos, la tecnología los reabrió. La realidad es que el juego nunca se extinguió en Ecuador; simplemente se transformó y se mudó a internet. Hoy, cualquier persona puede acceder a un casino virtual con solo un clic, desde su teléfono o computador, y jugar póker, ruleta o tragamonedas en plataformas con licencias extranjeras que operan sin una regulación local efectiva.
Esta situación ha creado una paradoja legal aún más profunda: el Estado prohibió un negocio físico pero, al mismo tiempo, reconoció la existencia del juego digital. La evidencia más clara es la decisión del Servicio de Rentas Internas (SRI) de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales de apuestas. Al gravar estas transacciones, el Estado valida su existencia y se beneficia de ellas.
Sin embargo, esta permisividad tiene un costo. Al no existir una ley que regule estas plataformas de manera integral, los usuarios quedan desprotegidos ante posibles fraudes, adicciones y prácticas abusivas. La ley ecuatoriana se enfoca en el pasado, ignorando por completo el ecosistema digital donde el juego se ha multiplicado de forma masiva.
El desfase: La ley se quedó en 2011
La normativa que prohíbe los casinos en Ecuador no solo es antigua, es un anacronismo. Fue concebida en una época en la que la penetración de internet y el juego online eran limitados. En 2011, entrar a un casino implicaba vestirse y trasladarse a un edificio; hoy, el viaje se hace con un simple clic a plataformas con licencias en Malta o Curazao. La legislación se enfocó exclusivamente en el espacio físico y, al hacerlo, ignoró el universo digital en el que el juego se multiplicó de forma exponencial.
Este desfase plantea la pregunta más importante del debate: ¿qué sentido tiene mantener una prohibición en el mundo físico cuando el juego online ya es masivo, accesible y opera sin control local? La respuesta es que no lo tiene. El Estado ecuatoriano se enfrenta a una decisión urgente: puede seguir ignorando una realidad que le ha superado o puede modernizar su legislación para proteger a los ciudadanos de los riesgos del juego digital y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios económicos que este sector ya genera.
El azar en nuestra cultura: De las tragamonedas a las lootboxes
El concepto de «juego de azar» ha evolucionado mucho más allá de las luces de neón de un casino. En el contexto digital, el azar se ha camuflado en el entretenimiento. Un ejemplo claro son los videojuegos actuales, que incorporan mecánicas como las cajas de botín (lootboxes) o los sistemas gacha.
En estas dinámicas, un jugador paga con dinero real para obtener una recompensa virtual sin saber qué recibirá. Es la misma lógica de una máquina tragamonedas: se apuesta a la suerte con la esperanza de obtener algo valioso. Aunque su objetivo sea el entretenimiento, estas prácticas pueden generar comportamientos repetitivos y adictivos, en especial entre los jóvenes.
Esto demuestra que el azar se ha integrado de tal manera en nuestra cultura y vida cotidiana que ya no necesita un espacio físico para operar. En países como Bélgica y Australia ya se debate si estas mecánicas deben ser reguladas como juegos de azar. En Ecuador, la discusión ni siquiera ha comenzado, lo que refuerza la idea de que la ley sigue anclada en el pasado, mientras el concepto de «casino» se ha transformado y habita en los dispositivos de millones de personas.
La propuesta del gobierno: Una solución del pasado para un problema del presente
La propuesta del Ejecutivo para reabrir casinos en hoteles de lujo se apoya en argumentos económicos sólidos. Sus defensores señalan que la medida impulsaría el turismo, generaría empleo e incentivaría la inversión en ciudades clave. Estos puntos son válidos: un casino bien gestionado puede ser un motor económico y una fuente de ingresos fiscales.
Sin embargo, esta visión es limitada e incompleta. Primero, ¿por qué solo los hoteles de lujo? Esta medida crea una desigualdad normativa que favorece a un sector económico específico, dejando de lado un debate más amplio sobre la regulación del juego. Además, la propuesta no responde a preguntas cruciales sobre el control: ¿cómo se evitará la ludopatía o el lavado de dinero en estos establecimientos?
Pero la mayor debilidad de la propuesta es su anacronismo. Mientras el gobierno debate sobre reabrir casinos físicos, el verdadero problema—y la mayor oportunidad económica—reside en el juego online, que ya opera de manera masiva y sin control. Enfocarse en lo físico es como intentar detener un río construyendo un muro en un solo punto; el agua simplemente encontrará otra vía. El verdadero campo de batalla está en lo digital, y es ahí donde se necesita una regulación urgente y coherente.
Una reforma necesaria, pero con visión integral
El debate sobre los casinos en Ecuador no puede reducirse a una simple reapertura física. La realidad tecnológica ya superó a la ley: el juego no necesita paredes ni luces de neón para existir. Hoy, el casino se lleva en el bolsillo, accesible desde cualquier celular y operando sin regulación ni protección para el usuario.
Por eso, la propuesta del gobierno, al enfocarse solo en los hoteles de lujo, es parcial e insuficiente. La verdadera solución requiere una reforma integral. No basta con permitir la inversión física; es urgente modernizar la legislación para incluir el juego online, regular nuevas dinámicas como las lootboxes y, sobre todo, establecer mecanismos de protección al usuario frente a fraudes y adicciones.
El Estado tiene la oportunidad de dejar de vivir en una contradicción legal. Si el objetivo es generar empleo y recaudar impuestos, es imperativo garantizar la equidad: no puede haber una normativa estricta para los operadores físicos mientras se mantiene una permisividad silenciosa para los virtuales. El juego, en cualquiera de sus formas, debe ser regulado con el mismo fin: asegurar una experiencia segura y transparente para todos.
La reapertura de los casinos puede ser una oportunidad de desarrollo, pero solo si se aborda con una visión moderna, sistémica y coherente que entienda que el verdadero desafío ya no está en lo físico, sino en lo digital.
Este artículo representa una opinión personal y no refleja la postura oficial de este medio. Se trata de un análisis basado en fuentes y percepciones del autor sobre el contexto social – tecnológico.
