La ley de áreas protegidas… ¿realmente las protege?

La Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, vigente desde el 14 de julio, incluye medidas que poco o nada tienen que ver con la conservación ambiental.

En Ecuador, el nombre de una ley no siempre refleja su verdadero contenido. La Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, publicada en el Registro Oficial el 14 de julio de 2025, ha generado sorpresa y críticas por incluir una serie de disposiciones económicas, tributarias y administrativas que van mucho más allá de su supuesto objetivo ambiental.

Entre sus artículos se contemplan la condonación de deudas para grandes deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la exoneración de impuestos para carros eléctricos, la ampliación de la reducción del IVA en feriados, así como la reforma a la jubilación en el sector público y la liberalización de vuelos domésticos para aerolíneas extranjeras. Incluso se ordena la condonación de deudas entre entidades públicas y empresas estatales en liquidación.

Aunque algunas disposiciones como el incentivo a los carros eléctricos o el alivio a pescadores artesanales podrían tener un vínculo indirecto con la sostenibilidad ambiental, la mayoría de los cambios no tienen relación con la conservación de áreas protegidas, ni con su financiamiento o fortalecimiento operativo.

Expertos y observadores han señalado que se trata de una ley ómnibus: una normativa que, bajo un título atractivo y con alto valor simbólico, agrupa reformas heterogéneas que podrían haber enfrentado mayor oposición si se tramitaban por separado.

Para algunos analistas, esta práctica legislativa diluye el verdadero propósito ambiental de la ley y plantea dudas sobre la transparencia del proceso legislativo. Además, se advierte que este tipo de estrategias podría minar la confianza pública, especialmente cuando se utilizan nombres ambientalistas para justificar beneficios fiscales a grandes actores económicos.

Mientras tanto, la verdadera situación de las áreas protegidas del país muchas sin financiamiento suficiente ni personal técnico sigue esperando una atención coherente y efectiva.

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