El Consejo de la Judicatura reconoce que más de la mitad de la infraestructura judicial de la provincia está en “condición crítica”. A ello se suman la escasez de jueces y un déficit presupuestario que ronda los USD 36 millones.
La palabra que mejor describe la situación de la Función Judicial en Guayas es “crítica”, según Óscar Andrés Guerrero, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ). El funcionario detalla que de las 51 edificaciones judiciales en la provincia, más de la mitad presentan filtraciones, paredes corroídas, fachadas deterioradas y problemas de climatización que generan humedad y moho, al punto de dañar expedientes.
La precariedad no solo es estructural. En el área de seguridad, la cobertura es mínima: se requieren guardias permanentes en 50 puntos, pero apenas hay presupuesto para 11. En tecnología, el panorama es igual de grave: el 92 % de los sistemas usa lenguajes obsoletos, el 11 % no tiene acceso web y el 97 % carece de doble autenticación.
Faltan jueces para la provincia más violenta del país
Guayas es la provincia con mayor población usuaria del sistema judicial y la de más alta criminalidad en Ecuador. Sin embargo, cuenta apenas con 382 jueces, cuando los estándares internacionales sugieren que debería tener 542. Es decir, existe un déficit de 160 magistrados en distintas áreas, incluidos los tribunales de garantías penales, en un territorio que enfrenta el incremento del crimen organizado.
“Para contratar más jueces se requiere un concurso, y para hacer el concurso se necesitan millones de dólares. Si no hay esas partidas, no hay cómo hacer nada”, advierte Guerrero.
Un presupuesto que no alcanza
El presupuesto anual de la Judicatura en Guayas es de USD 56 millones, de los cuales el 92 % se destina a sueldos de los 1.756 servidores judiciales. El restante 8 % se reparte entre mantenimiento de edificios y servicios básicos. La cifra, dice Guerrero, resulta insuficiente: se requieren al menos USD 94 millones para que el sistema funcione de manera aceptable.
A escala nacional, el déficit de la Función Judicial llega a los USD 200 millones.
La declaratoria de emergencia, entre la necesidad y la parálisis
Con este panorama, las áreas técnicas del CJ elaboraron un informe que plantea la posibilidad de declarar en emergencia a la Función Judicial, amparándose en la Ley de Integridad Pública aprobada recientemente. La medida permitiría contratar jueces de manera expedita, reasignar presupuestos y realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
Sin embargo, la decisión está empantanada en una disputa política. El actual pleno del CJ funciona con solo tres de sus cinco vocales. Para aprobar la emergencia se requiere mayoría absoluta, es decir, tres votos de cinco. Con apenas tres vocales activos, la única salida es la unanimidad, algo que no ocurre: solo el presidente Mario Godoy y Yolanda Yupangui apoyan la medida; Solanda Goyes se opone.
Por eso, Guerrero admite que la declaratoria será responsabilidad del nuevo Consejo de la Judicatura, cuya integración depende del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El organismo anunció que a mediados de septiembre designará a los dos vocales faltantes.
La justicia en espera
Mientras las designaciones se concretan en los escritorios del CPCCS, la justicia en Guayas sigue operando con edificios en mal estado, sistemas obsoletos, falta de jueces y un presupuesto insuficiente. La provincia con mayor carga judicial y criminalidad del Ecuador espera por una decisión que no admite más demoras.
