La jueza Nubia Vera enfrenta cargos por supuestamente pedir muebles y almuerzos en hoteles de lujo a cambio de favores judiciales, según la Fiscalía.
La jueza Nubia Vera enfrenta un proceso penal por presunta concusión en el llamado caso Mueble Fino. Este lunes 5 de agosto de 2025, la Fiscalía formuló cargos en su contra ante un juez especializado en delitos de corrupción, en Quito.
Según expuso la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, la magistrada habría solicitado beneficios personales a cambio de favorecer a un ciudadano en un juicio de tenencia de un menor, iniciado en mayo de 2023.
La investigación arrancó luego de una visita técnica que Vera hizo a la vivienda del denunciante, donde funcionaba un taller de muebles perteneciente al padre del menor. Poco después, la jueza habría pedido reunirse con el ciudadano en un hotel de lujo de La Mariscal, en el centro norte de Quito. Allí, según la Fiscalía, ella condicionó su apoyo en el proceso judicial a cambio de muebles.
En marzo de 2024, Vera solicitó una segunda reunión, esta vez también con el padre del menor. Luego del almuerzo, exigió 130 sillas talladas para un teatro, un juego de sala y un aparador. La Fiscalía sostiene que la jueza advirtió que, si no se cumplían sus exigencias, la audiencia de tenencia no se llevaría a cabo.
El mobiliario habría sido entregado en noviembre de 2024 en el domicilio de Vera, donde fue recibido por su hija. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía constan testimonios de testigos, registros del cargo de Vera desde 2023 y comprobantes de consumo en hoteles por montos de USD 124 y USD 70.
El juez dictó medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y restricción para transferir bienes, aunque rechazó el uso de un grillete electrónico.
El delito de concusión, según el artículo 281 del COIP, se castiga con penas de tres a cinco años de prisión.
La defensa de Vera alega que se trata de una persecución política, vinculada a decisiones judiciales que incomodaron al poder, como la acción de protección que restituyó las funciones a Verónica Abad como vicepresidenta.
El caso salió a la luz en junio de 2025, tras un allanamiento al domicilio de la jueza en Quito. La Fiscalía continúa con las diligencias mientras avanzan las investigaciones.
