Se buscaría evitar que Annabella Azín presida la instalación legislativa. Fiscalía investiga.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por un supuesto intento de rebelión dentro de la Asamblea Nacional, con el fin de impedir que Annabella Azín (bancada Acción Democrática Nacional, ADN) presida la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo. Este delito está tipificado en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de entre cinco a diez años de prisión.
El objetivo, según la denuncia, sería trasladar la atribución de presidir la sesión inaugural de la nueva Asamblea a un legislador de Revolución Ciudadana, impidiendo así que Azín, quien fue la asambleísta más votada, ejerza su derecho constitucional. La denuncia ha sido presentada por personas afines a ADN, que piden una investigación exhaustiva sobre las acciones que podrían estar orientadas a bloquear la reunión válida del Pleno.
¿Qué es el delito de rebelión según el COIP?
El artículo 336 del COIP señala que la rebelión se produce cuando una persona realiza acciones violentas que buscan desconocer la Constitución o derrocar al Gobierno legítimamente constituido. El delito está agravado si se impide la reunión de la Asamblea Nacional o se promueve movimientos para alterar la paz del Estado.
La denuncia indica que se habrían producido reuniones secretas en las oficinas de la presidencia de la Asamblea durante la última semana de abril de 2025, en las que se habría presionado al Departamento de Asesoría Jurídica para que emitiera un informe que avalara una apelación a la presidencia provisional de la sesión de instalación, prevista para el 14 de mayo de 2025.
La maniobra para bloquear la sesión
Según la denuncia, este intento de rebelión buscaría impedir que Annabella Azín, la asambleísta con la mayor votación, dirija la sesión de instalación, transfiriendo la presidencia a un miembro de Revolución Ciudadana. De prosperar esta maniobra, se invalidaría la sesión, lo que afectaría la constitución formal de la Asamblea, paralizando la conformación de sus órganos, como el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones especializadas permanentes.
Petición de allanamiento y decomiso
Los denunciantes piden que la Fiscalía disponga el allanamiento y el decomiso de dispositivos electrónicos en la presidencia de la Asamblea y en su dirección jurídica, con el fin de obtener pruebas que respalden la acusación. Además, solicitan que el Consejo Nacional Electoral certifique la prelación de Annabella Azín, validando su derecho a presidir la sesión inaugural.
En este contexto, la situación genera una alta tensión política y judicial, con la posibilidad de que una maniobra interna en la Asamblea impida la legitimación de la nueva administración legislativa, con consecuencias profundas para el futuro del Congreso ecuatoriano.
