El cierre de la playa, el daño ambiental y la falta de una empresa identificada marcan la crisis en esta comuna costera de Santa Elena, mientras autoridades deslindan responsabilidades.
Grandes manchas negras se extienden sobre la arena de la playa de Monteverde, en la provincia de Santa Elena, donde se reportó un derrame de hidrocarburo la tarde del 4 de agosto de 2025. La mancha —visible, persistente y alarmante— llevó al cierre del balneario por al menos 48 horas. Aunque las autoridades ejecutan tareas de remediación ambiental, persiste una pregunta crucial: ¿quién es responsable?
Hasta ahora, lo único claro es que el incidente fue provocado por una mala maniobra de un buque petrolero, según la versión oficial. Sin embargo, el propietario o empresa responsable de la nave aún no ha sido identificado. Esta omisión no solo complica las labores legales y administrativas, sino que levanta serias dudas sobre la transparencia y eficacia en el control del tráfico marítimo en zonas de alta sensibilidad ambiental.
El área afectada abarca aproximadamente un kilómetro de playa, según constató el gobernador de Santa Elena, Xavier Negrete, tras una inspección técnica en la zona. “Lo más importante de todo esto es garantizar y minimizar el daño, porque a veces ciertos daños son irreversibles”, expresó Negrete, al tiempo que anunció que se han colocado barreras de absorción en el mar y se aplican dispersantes mediante mochilas de fumigación.
El cierre temporal de Monteverde busca también evitar la propagación de la contaminación hacia otras playas emblemáticas como Jambelí, Palmar, Valdivia y Ayangue. No obstante, los riesgos persisten mientras no se esclarezca el origen y la ruta del derrame.
Petroecuador, cuya infraestructura está presente en la zona a través del Terminal Monteverde, se apresuró a deslindar responsabilidades. La empresa estatal aseguró que no existe ninguna fuga procedente de sus instalaciones y agregó que la composición química del gas procesado en la terminal “no genera manchas negras o aceitosas como las encontradas en la arena”. La Refinería de La Libertad, otro punto posible de origen, se encuentra actualmente en mantenimiento preventivo, según informó la Gobernación.
Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ejecuta tareas de evaluación ambiental. Su equipo trabaja en la contención del derrame y en la elaboración de un informe técnico que podría ser clave para determinar los daños y establecer responsabilidades. También se ha desplegado maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para facilitar la limpieza de la playa.
Pero el derrame ha puesto al descubierto una serie de debilidades estructurales: la falta de un sistema eficiente de monitoreo marítimo, la fragilidad de los protocolos ambientales, y la escasa coordinación entre instituciones que ahora se enfrentan al desafío de actuar sin respuestas claras.
Mientras las autoridades trabajan en la limpieza, la comunidad de Monteverde enfrenta no solo un daño ambiental —que podría tener consecuencias a largo plazo para la biodiversidad local—, sino también un daño social y económico. La pesca y el turismo, principales actividades de subsistencia de esta zona rural, están en riesgo por un incidente que, hasta ahora, nadie ha querido asumir.
