El posible uso de inteligencia artificial para ocultar delitos representa un reto creciente.
El 16 de octubre de 2025, la Policía Nacional encontró el cuerpo descuartizado de la abogada Martha Cecilia Solís, de 47 años, en un departamento del sector Sauces 9, al norte de Guayaquil. Los restos de la víctima fueron localizados dentro de una lavadora y un balde plástico, luego de que permaneciera desaparecida durante 12 días.
La principal sospechosa del crimen es su propia hija, Andreína, quien fue detenida y enfrenta prisión preventiva por presunta responsabilidad en el asesinato. El caso tomó un giro inédito cuando la Fiscalía reveló que la joven habría intentado utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar mensajes y audios simulando que la víctima aún estaba viva, con el objetivo de engañar a familiares y allegados y desviar la investigación.
Según las pericias forenses, algunos de los mensajes y audios enviados tras la desaparición de Solís fueron manipulados o generados mediante IA, lo que retrasó la denuncia y complicó el trabajo de los investigadores. El abogado penalista Julio César Cueva aclaró que, en Ecuador, el uso de IA como herramienta no constituye un delito por sí mismo. “Lo que se sanciona es el delito cometido, no la herramienta utilizada, salvo que haya ingreso no autorizado a bases de datos o sistemas electrónicos, lo cual se considera un delito contra la propiedad”, explicó.
En el caso de Sauces 9, la principal sanción recaerá sobre el asesinato, mientras que si se detecta que terceros intervinieron en la manipulación de pruebas digitales podrían enfrentar cargos por fraude procesal, tipificado en el COIP como un delito autónomo.
Uno de los desafíos más importantes para la Fiscalía y los jueces es la gestión de evidencia digital. Según Cueva, la evidencia electrónica es extremadamente volátil y el personal técnico y judicial en Ecuador todavía carece de experiencia para manejarla adecuadamente. Por ejemplo, publicaciones temporales en redes sociales pueden borrarse en pocas horas si no se preservan de manera correcta, lo que dificulta su validez como prueba.
El uso de IA en este caso también ha generado un debate sobre la posible responsabilidad de las empresas desarrolladoras de estas tecnologías. No obstante, Cueva aseguró que no existen precedentes en Ecuador ni en la región que hayan sancionado a compañías por el uso indebido de sus herramientas, y que será muy complicado atribuirles responsabilidad directa si no operan en el país.
A pesar de la dimensión tecnológica del caso, los especialistas coinciden en que lo central sigue siendo el delito principal: el asesinato de Martha Cecilia Solís. La investigación se centra ahora en esclarecer la autoría, la utilización de medios digitales para encubrir el crimen y fortalecer la cadena de custodia de la evidencia.
