“Tuvimos que dejarlo todo”: así fue la huida de cientos tras matanza en Socio Vivienda.
El miedo a convertirse en víctimas de la delincuencia ha obligado a más de 300 personas a abandonar Socio Vivienda, un complejo habitacional ubicado en el noroeste de Guayaquil. La masacre del 6 de marzo de 2025, que dejó 22 muertos, fue el detonante de un desplazamiento forzado interno que sigue en aumento.
Una comunidad atrapada por el crimen
Socio Vivienda, concebido como una solución habitacional para familias de escasos recursos, se ha transformado en una zona de alto riesgo. Bandas como Los Lagartos y Los Tiguerones se disputan el control del territorio, generando una ola de violencia que ha dejado decenas de víctimas. Ahora, muchas de las familias que alguna vez vieron en este lugar una oportunidad, escapan con lo poco que pueden cargar.
“Nos fuimos con lo puesto”, relata María (nombre protegido), madre de tres hijos. Después de vivir 18 años en el sector, decidió marcharse a casa de familiares para proteger a sus hijos. Como ella, decenas de mujeres jefas de hogar se ven forzadas a iniciar de cero en lugares igual de inseguros.
316 vidas marcadas por el miedo
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 316 personas han sido afectadas directamente. Entre ellas, 99 son niños y adolescentes, 30 adultos mayores y 14 personas con discapacidad. De las 77 familias encuestadas, 32 han abandonado sus hogares, mientras que las otras 45 viven confinadas, temiendo salir de sus casas.
¿Dónde buscan refugio?
Monte Sinaí, la isla Trinitaria, Durán y zonas rurales del Guayas se han convertido en los principales destinos. Sin embargo, estos sitios también enfrentan altos niveles de inseguridad. Algunas familias incluso regresan a barrios de donde habían salido o vuelven a sus provincias de origen, como Esmeraldas. Es un ciclo de vulnerabilidad del que es difícil escapar.
Educación y salud en pausa
El desplazamiento forzado no solo significa perder el hogar. También implica que los niños interrumpan su educación, que las familias pierdan sus redes de apoyo y que sus condiciones económicas se deterioren aún más. Las zonas que reciben a estas familias no están preparadas para atender una crisis de esta magnitud. No hay políticas públicas claras, ni rutas de atención para este tipo de migración interna.
Una emergencia que pide respuestas
Billy Navarrete, director del CDH, señala que esta es una de las primeras veces que Ecuador vive un desplazamiento interno por causas directamente relacionadas con el crimen organizado. Asegura que es urgente implementar soluciones integrales y sostenidas: centros de acogida, refugios temporales, ayuda emocional, servicios de salud y educación, así como protección legal.
El desafío es a largo plazo
Expertos en desarrollo social advierten que se requieren acciones de mediano y largo plazo, enfocadas en fortalecer las redes comunitarias y brindar seguridad real a las familias. Los grupos más vulnerables —como niños, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad— necesitan atención médica, nutricional, psicológica y educativa inmediata.
¿Y mientras tanto?
La prioridad es clara: proteger a las familias desplazadas. Garantizarles un lugar donde rehacer sus vidas, lejos del miedo y la violencia. Para eso, se necesita voluntad política, recursos y un enfoque humano que ponga a las personas primero.
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