En Ecuador, una de cada tres empresas fue extorsionada en 2023, y solo en Guayaquil, el 80% de las rutas de buses están bajo “vacuna”, mientras transportistas escolares enfrentan exigencias de hasta USD 6.000 por protección
El alarmante testimonio de un empresario que confiesa haber pagado casi USD 20.000 en extorsiones para mantener en funcionamiento su empresa de transporte (ver nota de diario expreso) refleja solo la punta del iceberg. Los datos oficiales muestran que el problema está lejos de ser anecdótico: se trata de una crisis sistémica que golpea diferentes sectores en el país.
Según el Observatorio de Crimen Organizado de Ecuador (OECO), en 2023 tres de cada diez empresas en el país fueron extorsionadas, y el 75 % de ellas sufrieron cobros repetidos. Pese a ello, el 70 % de las víctimas no denunció, en gran parte por desconfianza institucional. Solo el 47 % de quienes reportaron el delito recibió alguna forma de protección oficial.
En Guayaquil, el impacto en el transporte público es dramático: el presidente de Fetug aseguró que el 80 % de las rutas de buses están bajo extorsión, con pagos diarios que oscilan entre USD 1 y USD 3 para poder operar sin amenazas.
Por su parte, el sector del transporte escolar también está en la mira criminal. Grupos delictivos han exigido pagos entre USD 4.500 y USD 6.000, acompañados de panfletos intimidatorios y amenazas directas, incluso contra estudiantes y conductores.
Un patrón que trasciende sectores
Extorsión empresarial generalizada: 30 % de las empresas afectadas en 2023; repetición del delito en 75 % de los casos.
Transporte urbano: 80 % de rutas extorsionadas, con pagos diarios de 1–3 USD.
Transporte escolar: Cobros de hasta USD 6.000, acompañados de panfletos con amenazas.
¿Qué revela todo esto?
No se trata de un fenómeno aislado: la extorsión afecta a sectores clave como transporte público, escolar y empresas privadas, intensificando su presencia en el tejido social.
La impunidad alimenta la continuidad del problema: la mayoría de víctimas no denuncia, y la protección institucional es limitada.
La distribución uniforme en sectores y modalidades criminales (mensualidades, panfletos, seguimiento fotográfico) sugiere que las mafias tienen control territorial y capacidad operativa sostenida.
Esto genera un costo oculto para la economía y la sociedad: recursos que deberían destinarse a inversión social o crecimiento productivo se desvían para garantizar lo mínimo: poder trabajar sin ser atacado.
