El pasado 8 de mayo se concretó el primer caso de eutanasia en Ecuador luego de haber sido despenalizada en 2024.
María, una mujer de 48 años con cáncer metastásico, falleció en su hogar en Guayaquil tras cumplir su último deseo. Su muerte, sin embargo, no solo simboliza el ejercicio de un derecho recientemente conquistado como lo es la eutanasia, sino que también expone las enormes barreras que aún existen para acceder a él.
Desde que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en febrero de 2024, al acoger la demanda de Paola Roldán, el país ha avanzado más en el papel que en la práctica.
El Ministerio de Salud Pública emitió un reglamento en abril, pero al momento de la solicitud de María, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no contaba con un comité interdisciplinario completo para evaluar su caso, como exige la normativa. Fue necesaria una medida cautelar y la aplicación de protocolos europeos para concretar el procedimiento.
Expertos como la abogada Daniela Castro y el jurista Pablo Encalada coinciden en que la falta de lineamientos claros, voluntad institucional y agilidad en la respuesta comprometen la garantía efectiva de este derecho. A pesar de que la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley a tiempo, la Asamblea Nacional saliente no lo tramitó, relegando la discusión a una nueva legislatura con prioridades inciertas.
Mientras el marco legal sigue incompleto y los obstáculos administrativos persisten, las personas que sufren enfermedades incurables ven vulnerado su derecho a morir con dignidad. Ecuador reconoce la eutanasia, pero aún no la facilita.
