Gobierno promete liberar rutas y restablecer el orden en Imbabura.
El Gobierno de Ecuador desplegó este lunes 13 de octubre un convoy humanitario y de seguridad hacia la provincia de Imbabura, convertida en el epicentro de las protestas indígenas que ya suman cuatro semanas. La movilización, convocada por la Conaie tras la eliminación del subsidio al diésel, ha provocado bloqueos viales, desabastecimiento y una fuerte tensión social en la Sierra norte.
El convoy, integrado por alrededor de 100 vehículos militares y estatales, partió desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito poco después de las 11:00. En la caravana viajan la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, acompañados por miembros de la Policía, Fuerzas Armadas y funcionarios del Ejecutivo. La misión: reabrir las carreteras, garantizar el ingreso de alimentos, medicinas, gas doméstico y otros productos esenciales, y restablecer el orden en una provincia paralizada.
Reimberg explicó que esta es la cuarta operación de este tipo y que la intervención se extenderá durante varios días. “Vamos a usar la fuerza pública para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya. Vamos con toda la fuerza y con toda la ayuda”, aseguró en una entrevista con Teleamazonas. También mencionó que habrá espacio para el diálogo, aunque advirtió que se actuará con firmeza ante nuevos hechos violentos.
Según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la caravana incluye maquinaria pesada para retirar los montículos de tierra colocados en las carreteras, además del acompañamiento de la Fiscalía, organismos de derechos humanos y representantes de la Cruz Roja, con el fin de garantizar transparencia en el operativo.
Mientras el convoy avanzaba por la Panamericana norte, comunidades indígenas realizaron una multitudinaria marcha en Ibarra. Miembros de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unorcac) y de la Chijallta FICI recorrieron las calles de la ciudad exigiendo la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno. En la capital provincial, numerosos negocios permanecen cerrados y la actividad turística está paralizada: durante el feriado del 9 de octubre, los hoteles reportaron una ocupación del 0%.
En Quito, las fuerzas de seguridad cerraron varias calles alrededor del Palacio de Carondelet y la Asamblea Nacional para evitar el ingreso de manifestantes, mientras que la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió el accionar policial. “El bloque de seguridad está haciendo su trabajo. No se trata de represión, sino de mantener la paz”, afirmó.
El paro nacional mantiene bloqueadas al menos ocho vías en Imbabura y afecta gravemente el suministro de combustible, alimentos y gas doméstico. Pese a los llamados a la calma, las organizaciones sociales y sindicales anunciaron una nueva jornada de movilización nacional para el miércoles 15 de octubre, lo que podría intensificar la crisis política y social que enfrenta el país.
