Esteban Torres, presidente de la comisión encargada de la reforma sobre el financiamiento a partidos políticos, se pronunció acerca de los progresos alcanzados en este tema.
La reforma sobre el financiamiento a los partidos políticos ya superó su primer debate en la Asamblea Nacional y debe concluirse antes del 27 de julio. Por eso, la comisión encargada se ha fijado un plazo máximo hasta el 22 o 23 de julio para elaborar el informe que servirá para el segundo debate, y luego se someterá al Pleno, con el fin de cumplir los tiempos establecidos.
En cuanto a posibles cambios tras el primer debate, se anunció que la comisión recibirá aportes de expertos para definir una postura clara. En el debate anterior, la comisión no tomó una posición ni recomendó ni rechazó la propuesta, por lo que ahora corresponde a este grupo producir una decisión que será sometida a votación y luego al Pleno para su aprobación final.
Existen dos posiciones principales: una apuesta por mantener el financiamiento público a los partidos en nombre de la igualdad, mientras que la otra propone destinar esos recursos a otras prioridades. La decisión se definirá con los votos en la Asamblea.
Quienes impulsan la reforma argumentan que el fondo de promoción electoral ha provocado distorsiones, permitiendo una proliferación de candidatos sin reales posibilidades de ganar. Además, el fondo partidista no se ha utilizado para fortalecer la formación interna de las organizaciones políticas, como estaba previsto.
Actualmente, conciliar estas posturas resulta complicado, especialmente porque un sector importante, la Revolución Ciudadana, fue quien originalmente promovió estas figuras constitucionales.
Esta reforma forma parte de un conjunto de cambios, incluyendo las modificaciones recientes al Código de la Democracia, que buscan depurar los partidos políticos mediante un mayor control sobre el financiamiento electoral. Las organizaciones deben presentar sus gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y se establecen reglas para eliminar a aquellos partidos que no cumplen su función o que solo actúan como estructuras electorales sin representación real.
Quienes se oponen a la reforma sostienen que esta favorecerá a quienes tengan más dinero para hacer política. Sin embargo, los defensores recuerdan que todas las campañas tienen límites de gasto establecidos, y que el financiamiento debe provenir de quienes quieran y puedan aportar, siempre dentro de esos límites legales. La política, reconocen, siempre ha tenido un costo.
Sobre el posible fortalecimiento del movimiento oficialista ADN y la Revolución Ciudadana con estas reformas, se señala que el panorama político es dinámico y que las condiciones cambian rápidamente. El objetivo principal es evitar la dispersión y fortalecer opciones políticas claras para los ciudadanos.
