En 2015, Ecuador firmó un millonario contrato con la empresa China Railway No. 9 para la construcción de 200 escuelas del milenio prefabricadas
Hace casi 10 años, en agosto de 2015, el Ministerio de Educación de Ecuador firmó un contrato por USD 196 millones con la empresa China Railway No. 9 para la construcción de 200 escuelas prefabricadas. La idea era mejorar la infraestructura educativa en el país con unidades educativas modernas y rápidas de ensamblar, sin embargo, los problemas comenzaron desde el inicio.
El contrato se gestionó por bienes, no como una obra pública, lo que dejó fuera la supervisión técnica y el control de calidad. El diseño de las escuelas también fue inadecuado para las condiciones climáticas de las zonas donde se instalarían: techos metálicos sin ventilación, aulas mal orientadas que generaban temperaturas de hasta 34°C, y materiales que no resistían la humedad y corrosión de la región costera.
La ejecución del contrato fue igualmente deficiente. A pesar de que la empresa logró construir menos de 60 escuelas, muchas de ellas no fueron entregadas al Ministerio de Educación, y las que sí lo fueron se mantienen abandonadas o en muy malas condiciones. En 2018, debido a las demoras y la falta de cumplimiento, el Ministerio decidió terminar el contrato unilateralmente, lo que derivó en una demanda de la empresa China Railway No. 9.
El fallo judicial fue claro: el Ministerio de Educación debía indemnizar a la empresa, ya que las multas impuestas no eran legales debido a que el retraso en la ejecución del contrato también fue ocasionado por la falta de entrega de terrenos por parte del Estado. La deuda final ascendió a USD 85 millones, lo que implica que cada escuela que el Ministerio utilizó costó más de USD 5 millones, una cifra exorbitante para una infraestructura que no ha cumplido su propósito y que muchas ya están en ruinas.
Este escándalo pone en evidencia no solo las malas decisiones de contratación y ejecución del contrato, sino también la falta de planificación y control por parte de las autoridades, lo que ha generado una enorme pérdida de recursos públicos y una crisis en el sistema educativo que aún persiste.
El caso de las escuelas del milenio es un ejemplo claro de cómo una mala gestión en la contratación pública puede terminar costando millones de dólares al Estado, sin lograr los resultados esperados. Mientras tanto, las escuelas continúan siendo un símbolo de desilusión y un recordatorio de la importancia de la planificación y supervisión adecuada en los proyectos públicos.
