Noboa apuesta por una ley urgente contra las economías criminales, pero expertos advierten que no basta con endurecer penas.
Ante el dramático repunte de delitos como la extorsión, el secuestro y el secuestro extorsivo en los últimos tres años, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal, declarado urgente en materia económica.
La iniciativa propone penas de hasta 30 años para líderes de grupos armados organizados y establece medidas excepcionales como el uso inmediato de armas incautadas y la creación de zonas de seguridad en provincias críticas.
Según cifras del Ministerio del Interior, la extorsión se triplicó entre 2022 y 2024, pasando de 6.651 a 20.293 casos. El secuestro y el secuestro extorsivo también mostraron un crecimiento exponencial, aunque en lo que va de 2025 se reporta una disminución que el Gobierno atribuye a sus operativos.
Sin embargo, la ley ha encendido alertas entre expertos en seguridad, quienes advierten que el castigo sin una reforma estructural puede ser insuficiente. Sebastián Casañas señala que “el verdadero problema es la impunidad”, pues muchos casos no llegan a sentencia debido a la corrupción judicial. Propone fortalecer la inteligencia policial y el rastreo financiero como pilares clave de una estrategia efectiva.
Para Telmo García, militar retirado, el enfoque del proyecto ignora las raíces del fenómeno criminal. “No basta con meter a más personas a la cárcel. Muchos jóvenes son captados por las mafias ante la falta de oportunidades. Sin una política social fuerte, el ciclo se repetirá”, advierte.
El proyecto busca frenar el financiamiento de organizaciones delictivas, que según el Gobierno operan con recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando. La Asamblea Nacional tiene 30 días para debatir y aprobar esta propuesta, en un contexto donde el país sigue buscando respuestas efectivas al control del crimen organizado.
