El arbitraje definirá responsabilidades jurídicas, pero la responsabilidad política es ineludible. Y hasta ahora, nadie quiere asumirla.
El caso de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) es más que un escándalo contractual: es una radiografía de la fragilidad institucional del Ecuador y de la opaca gestión del Gobierno del “Nuevo Ecuador” de Daniel Noboa.
En el centro del debate están al menos USD 105 millones ya desembolsados y una urgente necesidad de energía que sigue sin respuesta. Pero lo más alarmante no es la disputa entre el Ejecutivo y las empresas proveedoras, sino la pasividad cuando no obstrucción activa de los órganos que deberían ejercer control y fiscalización.
Tras la crisis energética que dejó al país con cortes de hasta 12 horas diarias, el Gobierno identificó un déficit de 979,50 megavatios para enfrentar los estiajes. Para cubrir parte de ese faltante, contrató a Progen y ATM para suministrar 241 megavatios.
Hoy, ni esos megavatios existen ni hay claridad sobre qué falló. Mientras el Gobierno acusa a las empresas de incumplimiento, estas alegan que el Estado no cumplió su parte. La disputa irá a arbitraje, pero mientras tanto Progen ya recibió alrededor del 70 % del contrato: USD 105 millones. ¿Se perdió ese dinero? ¿Qué garantías tiene el Estado? ¿Quién responde políticamente?
En una democracia funcional, un contrato de esa magnitud con presuntas irregularidades más aún en medio de una crisis energética debería encender todas las alarmas legislativas. Pero no en Ecuador. El 11 de junio, el correísta Blasco Luna intentó que la Asamblea Nacional debata el caso, pero el bloque oficialista y sus aliados de Pachakutik votaron en contra. Se impidió así siquiera abrir una discusión que podría revelar responsabilidades políticas o administrativas.
La actitud del oficialismo levanta sospechas: si el Gobierno tiene pruebas de que las empresas lo estafaron, ¿por qué no quiere que la Asamblea investigue y lo respalde públicamente? Si no las tiene, ¿qué intenta ocultar?
Más preocupante aún es el papel de la Comisión de Fiscalización, presidida por el excorreísta Ferdinan Álvarez. Lejos de cumplir su mandato, la comisión permanece en silencio. Álvarez incluso fue incapaz de justificar esta omisión en una entrevista televisiva. Alegó que “nadie ha solicitado” investigar el caso, desconociendo que tiene la potestad de actuar de oficio. Esta pasividad recuerda los peores tiempos del correato, cuando las comisiones legislativas eran cómplices del poder antes que garantes del control.
No es un hecho aislado: la misma comisión archivó recientemente el juicio político al ministro de Defensa por el caso de los cuatro niños asesinados en Las Malvinas. La impunidad se vuelve patrón.
La declaración más insólita llegó desde Carondelet. Carolina Jaramillo, vocera presidencial, dijo que la energía que iban a generar Progen y ATM “no hace falta” y que “no pasa nada” si no entran en operación. ¿Entonces para qué se firmaron contratos por USD 149 millones? ¿Por qué el país soportó semanas de apagones?
El caso Progen-ATM no es solo una disputa contractual ni un simple desacierto técnico. Es un síntoma de un mal más profundo: la erosión de los mecanismos de control, la complicidad institucional y el indiferencia ante la rendición de cuentas.
