La transferencia de USD 1.000 llega a apenas 100.000 familias rurales, en un sector donde 1,6 millones viven con ingresos por debajo de un salario básico.
El Gobierno de Daniel Noboa anunció el pasado 12 de septiembre la creación del bono Raíces, una transferencia monetaria única de USD 1.000 destinada a las familias de la agricultura familiar campesina como compensación por la eliminación del subsidio al diésel. La medida despertó un alto interés en zonas rurales, donde cientos de pequeños agricultores han hecho filas en sucursales de BanEcuador, especialmente en provincias como Chimborazo y Bolívar.
El bono busca beneficiar a unas 100.000 familias rurales, pese a que en Ecuador existen cerca de 1,6 millones de personas vinculadas a este tipo de agricultura, según cifras oficiales. El Ministerio de Agricultura lo presenta como un respaldo directo a una de las poblaciones más golpeadas por la pobreza y los bajos ingresos: en el segundo trimestre de 2025, quienes trabajaron en el sector agrícola recibieron en promedio USD 221 mensuales, menos de la mitad del salario básico vigente (USD 470).
Expertos consultados coinciden en que el bono responde más a una estrategia coyuntural que a una política pública de largo aliento. Para Rubén Flores, exministro de Agricultura, la transferencia representa un respiro en medio de un año de recuperación económica:
“El agricultor puede utilizar el dinero para mejorar sus labores agrícolas, pero también para cubrir sus necesidades básicas y reactivar el consumo”, señala.
En contraste, Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 1, cuestiona que se entregue dinero sin condicionamientos:
“No es buena idea regalar recursos públicos sin garantizar que se usen en la producción. Lo ideal sería un esquema similar al Bono de los 1.000 días, condicionado a ciertos compromisos”.
Ambos coinciden, sin embargo, en que se trata de una medida cortoplacista, impulsada con fines políticos y sin un impacto estructural para resolver los problemas históricos del agro.
No es la primera vez que el Gobierno de Noboa opta por transferencias directas en efectivo al sector rural. En marzo de 2025, se creó el Bono CATTA-Nuevo Ecuador, de USD 800, dirigido a productores afectados por la crisis climática. Según el Ministerio de Agricultura, alcanzó a unos 14.436 agricultores de ocho provincias, con un costo fiscal de USD 11,5 millones.
La apuesta por bonos contrasta con medidas tradicionales aplicadas en gobiernos anteriores, como la entrega de insumos, créditos preferenciales o fijación de precios mínimos.
El peso del agro en la economía
La agricultura representa el 7% del PIB y generó USD 9.683 millones en ventas entre enero y julio de 2025, siendo el tercer sector que más factura en el país. También concentra un peso clave en el empleo: cerca del 32% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabaja en labores agrícolas. Pero la mayoría lo hace en condiciones precarias: la mitad de la población en el sector informal está vinculada al agro y el 36% de los subempleados también depende de estas actividades.
Una solución temporal para un problema estructural
El bono Raíces ofrece un alivio económico inmediato, pero no enfrenta los retos de fondo: falta de acceso a crédito, altos costos de insumos, baja productividad, informalidad laboral y ausencia de políticas sostenidas para garantizar seguridad alimentaria y competitividad en el mercado internacional.
En ese sentido, la medida parece más una respuesta política al malestar generado por la eliminación del subsidio al diésel, que una estrategia real de transformación para un sector que, pese a su importancia, continúa siendo uno de los más olvidados de la economía nacional.
