Mientras el gasto en sueldos públicos consume el 42% del presupuesto estatal, la inversión en obra pública se reduce al mínimo; el Gobierno de Noboa apuesta por evaluaciones para depurar la burocracia, pero los cambios de fondo siguen pendientes.
Reducir el gasto público en Ecuador se ha convertido en una promesa repetida por los gobiernos de turno, pero poco cumplida cuando se trata de la burocracia. En 2024, el Estado destinó USD 9.862 millones en sueldos para funcionarios públicos, un alza de más de USD 120 millones respecto a 2023, y para 2025, ya ha gastado casi USD 4.720 millones en solo seis meses.
La dimensión del gasto impresiona: equivale a 100 veces más que lo invertido en obra pública en el mismo período. Mientras las necesidades de infraestructura siguen postergadas, el peso de una nómina estatal difícil de auditar y optimizar continúa creciendo.
Aunque el Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado una cruzada por la «excelencia» en el servicio público con la nueva Ley de Integridad Pública, los resultados están por verse. Las evaluaciones semestrales obligatorias podrían ser un avance hacia una administración más eficiente, pero expertos advierten que no bastará con despedir a funcionarios de bajo desempeño sin reformar los procesos de selección, formación y jerarquización dentro del Estado.
El problema es estructural. No se trata únicamente de los altos sueldos o de las bonificaciones automáticas por antigüedad, sino de un sistema que no diferencia entre personal indispensable como médicos, profesores o policías y la sobrecarga de cargos administrativos en entidades donde la eficiencia brilla por su ausencia.
Cada intento por “ajustar” el gasto termina afectando los rubros de inversión, mientras se perpetúa una burocracia que drena recursos sin ofrecer mejoras sustanciales en la calidad del servicio público. La pregunta de fondo persiste: ¿se gobierna para sostener una nómina o para transformar el país?
