Economía criminal: El objetivo es frenar el financiamiento económico de los grupos criminales que operan en el país.
La Asamblea Nacional abrirá su nuevo periodo legislativo 2025-2029 con el tratamiento de un proyecto de ley urgente remitido por el presidente Daniel Noboa Azín, cuyo objetivo es frenar el financiamiento económico de los grupos criminales en el país.
El proyecto, titulado Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, fue enviado el sábado 17 de mayo con carácter económico urgente. Esto obliga al Legislativo a tratarlo en un plazo máximo de 30 días, caso contrario entrará en vigor por ministerio de la ley.
La propuesta busca interrumpir los flujos ilícitos que alimentan a las organizaciones delictivas armadas, afectando su operación financiera, redes de extorsión y lavado de activos. Aunque el Gobierno no detalla cuánto dinero mueven estas economías ilegales, reconoce su impacto en el incremento de la violencia y homicidios en todo el país.
Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Orellana, Sucumbíos y Guayas son algunas de las provincias más afectadas por actividades como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas y extorsión. En Guayas, por ejemplo, operan al menos once grupos delictivos, entre ellos Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.
La iniciativa también incorpora disposiciones sobre el conflicto armado interno, que permitiría a las Fuerzas Armadas y Policía el uso directo de la fuerza contra estos grupos, bajo la autoridad directa del presidente de la República.
El plan contempla reformas legales para retener personal militar durante conflictos y beneficios tributarios para quienes donen insumos a la fuerza pública. Sin embargo, los impactos fiscales de estas medidas aún no han sido cuantificados con precisión, según advertencias del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas.
