Ecuador necesitará USD 11.696 millones de financiamiento solo en 2025, pese a estar bajo el límite legal de endeudamiento
La deuda pública del Ecuador alcanzó los USD 61.454 millones, equivalente al 47,6% del PIB, y todo apunta a que seguirá creciendo. Para 2025 llegará al 52,4% y en 2028 podría rozar el límite legal del 57% fijado en la normativa fiscal. Sin embargo, el riesgo no está únicamente en ese techo, sino en la incapacidad del Estado de equilibrar sus cuentas.
Mientras los gastos superen a los ingresos, el déficit obligará a endeudarse año tras año. Eso significa menos margen para invertir en salud, educación o infraestructura, porque una parte cada vez mayor del presupuesto se destina al pago de intereses y refinanciamientos. De hecho, solo en 2025 el país requerirá USD 11.696 millones en financiamiento, casi la mitad de fuentes externas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) suele aparecer como el gran villano en estas discusiones, pero los datos muestran otra cosa: el verdadero problema no es el Fondo, sino la disciplina fiscal interna. Sin ajustes que reduzcan el déficit y fortalezcan ingresos permanentes, cualquier préstamo externo apenas compra tiempo, no resuelve la raíz del desbalance.
El Ministerio de Finanzas proyecta que el déficit se mantendrá en terreno negativo hasta 2028 en el escenario base, lo que vuelve insostenible la trayectoria de la deuda. Solo un escenario optimista —con más crecimiento y un superávit primario en 2028— lograría estabilizarla en torno al 50% del PIB.
El desafío es romper con la trampa del déficit permanente. Para lograrlo, el Estado debe contener el gasto improductivo, racionalizar subsidios, evitar que la masa salarial siga creciendo y enfocar la inversión en sectores de alto impacto social y económico. No se trata solo de cumplir una meta técnica: se trata de recuperar espacio para financiar el desarrollo y dejar de administrar la escasez.
