La Policía y la Fiscalía allanaron el Municipio de Pujilí y casas de funcionarios investigados.
Una nueva investigación por presuntos actos de corrupción sacude al Municipio de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención del alcalde José Arroyo, como parte del caso denominado «Ornato Municipal», relacionado con irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su administración.
El Ministerio Público abrió una indagación por el presunto delito de peculado, luego de identificar posibles anomalías en los procesos de contratación de obras municipales. Según la Fiscalía, estos hechos comprometerían el uso adecuado de recursos públicos.
Operativos en tres provincias
La detención del alcalde se produjo durante un operativo realizado el jueves 7 de agosto de 2025, por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional. Las autoridades ejecutaron allanamientos simultáneos en el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pujilí, así como en viviendas de funcionarios municipales y otras personas investigadas.
Los operativos se extendieron a inmuebles ubicados en Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua, donde los agentes incautaron diversos elementos que ahora forman parte de la investigación: computadoras, celulares, memorias externas, documentos físicos, comprobantes de depósitos, entre otros.
Más de una docena de detenidos
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que se allanaron al menos 20 inmuebles y que se detuvo a 17 personas, de las cuales 13 son funcionarios del GAD Municipal de Pujilí.
La Fiscalía sostiene que estas personas estarían involucradas en un esquema de corrupción vinculado con obras públicas y posibles irregularidades administrativas dentro del cabildo.
El caso sigue en investigación
El caso “Ornato Municipal” continúa en etapa de investigación previa. Las autoridades aún deben determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y si existen más funcionarios o contratistas involucrados. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones judiciales.
La detención de un alcalde en funciones por presunto peculado es un recordatorio de que, en Ecuador, los funcionarios públicos pueden ser procesados penalmente si existen elementos suficientes que justifiquen su vinculación con delitos contra la administración pública.
