Pese a los riesgos evidentes, la sujeción incorrecta de carga sigue siendo una práctica frecuente. La CTE anuncia controles tras siniestros fatales, pero la reacción llega tarde.
Los recientes siniestros viales protagonizados por transporte pesado en Ecuador han expuesto, una vez más, las consecuencias mortales de una cadena de negligencias que combina controles laxos, operadores irresponsables y una regulación que pocas veces se aplica con rigor.
En medio de la consternación pública por la muerte de dos mujeres aplastadas por contenedores mal asegurados una en Ambato y otra en Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha anunciado un reforzamiento de los controles al transporte de carga.
Según la entidad, los operativos estarán enfocados en verificar el uso adecuado de los dispositivos de sujeción técnica, conocidos como “piñas”, para evitar que los contenedores se deslicen o se desprendan durante el trayecto. El anuncio, sin embargo, ha generado críticas por lo tardío de la reacción institucional, considerando que el problema ha sido visible desde hace años en las principales carreteras del país.
La Dirección Ejecutiva y la Comandancia General de la CTE recordaron que transportar carga sin los sistemas adecuados de sujeción constituye una infracción sancionada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 389, numeral 1, establece una multa equivalente al 30 % del salario básico unificado, lo que representa apenas USD 150 para quienes incumplen una norma cuya infracción puede costar vidas.
Las tragedias recientes dan cuenta de una problemática estructural. El 1 de julio, en Ambato, un tráiler que transportaba un contenedor sin adecuada sujeción se volcó en el sector La Manzana de Oro, causando la muerte de una mujer que esperaba el bus junto con su hijo, quien resultó herido. Días antes, el 24 de junio, una escena similar se repitió en Guayaquil, cuando otro contenedor se volcó en plena vía Perimetral, dejando otra víctima mortal.
En ambos casos, los informes preliminares de los agentes de tránsito apuntan a una presunta falta de sujeción adecuada de los contenedores. Sin embargo, más allá de la culpa individual de los conductores o empresas, los siniestros revelan un déficit institucional: controles deficientes en puntos clave, falta de tecnología para monitoreo continuo y una cultura permisiva en torno al transporte pesado.
La exhortación de la CTE a los operadores para que cumplan con las normas, aunque necesaria, resulta insuficiente. Expertos en seguridad vial coinciden en que es urgente revisar el sistema de sanciones, intensificar los controles técnicos antes de que las unidades salgan a ruta, e implementar mecanismos de responsabilidad penal más severos cuando las omisiones derivan en muertes.
Mientras tanto, las aceras y paradas de buses espacios que deberían ser seguros se han convertido en zonas de riesgo para los ciudadanos. Las vidas perdidas en Ambato y Guayaquil no pueden recuperarse, pero deberían al menos servir como un grito de alerta para transformar un sistema que, hasta ahora, ha preferido mirar hacia otro lado.
