Comunidades amazónicas responsabilizan al Estado por la falta de control y advierten con un paro nacional si continúa la invasión minera en sus territorios.
La Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) denunció este lunes 8 de septiembre de 2025 el ingreso de miembros del grupo delincuencial Los Choneros al Parque Nacional Yasuní para actividades de minería ilegal. Sus líderes rechazaron las acusaciones de complicidad y exigieron al presidente Daniel Noboa visitar el territorio amazónico para enfrentar juntos el avance del extractivismo.
“No somos mineros (…) La minería ilegal accede al territorio con la misma dinámica que la legal: llegan a una comunidad y sobornan por falta de conocimiento. No es un error de los waorani, es falta de presencia del Estado ecuatoriano”, manifestó Juan Bay, presidente de Nawe.
Las declaraciones surgieron tras la denuncia de un guardaparques del Yasuní ante el Ministerio de Ambiente y Minas, quien señaló que miembros de la comunidad habrían colaborado con Los Choneros para ingresar una excavadora al área protegida. Frente a ello, Bay aclaró que, de encontrarse algún caso de complicidad, los responsables serían sancionados y expulsados de la comunidad.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), su dirigente María José Andrade enfatizó que la responsabilidad sobre la minería ilegal no puede recaer en las comunidades indígenas, pues el problema responde a fuerzas externas como el crimen organizado. “La minería ilegal es solo una fachada para lavar el dinero del narcotráfico”, apuntó.
En tanto, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), advirtió que las actividades extractivas —legales e ilegales— han dejado únicamente contaminación en los territorios amazónicos. “Si se continúan violando los territorios de las comunidades, la Conaie convocará a una Asamblea urgente para tomar decisiones concretas, incluso un paro nacional contra la explotación minera”, señaló.
Con estas denuncias, las organizaciones indígenas buscan evidenciar la presión del crimen organizado y la falta de control estatal en la Amazonía, un territorio que hoy enfrenta una doble amenaza: la expansión de la minería ilegal y la violencia de grupos delictivos como Los Choneros.
