El ministro del Interior dijo que los reos deportados cumplían penas por delitos como narcotráfico y robo.
El ministro del Interior, John Reimberg, justificó la deportación de más de 600 ciudadanos colombianos que se encontraban cumpliendo penas en cárceles de Ecuador, argumentando que ya estaban próximos a terminar sus condenas. “Iniciamos el proceso de deportación de 1.000 ciudadanos vinculados a actividades delictivas que estaban finalizando su pena privativa de libertad”, afirmó.
La medida, ejecutada en la frontera norte, ha generado polémica debido a que muchos de los deportados fueron dejados en el Puente Internacional de Rumichaca sin documentación, dinero ni apoyo institucional. Algunos medios colombianos reportaron que varios de los liberados caminaban por la vía Panamericana, incluso aún vistiendo uniformes naranjas de reclusos.
Entre los delitos por los cuales estos ciudadanos habían sido condenados en Ecuador constan tráfico ilícito de drogas, robo, receptación y delitos contra la propiedad. Según Reimberg, la acción responde a la política estatal de “tolerancia cero con el crimen organizado” y aseguró que los deportados no podrán reingresar al país en los próximos 40 años. “No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, expresó.
Críticas desde Colombia
La canciller colombiana Rosa Villavicencio criticó duramente la forma en que se ejecutó la deportación, calificándola como “no planificada y no informada”. Afirmó que, pese a los pedidos formales del gobierno de Colombia, no se estableció un canal de coordinación con las autoridades ecuatorianas. Como consecuencia, autoridades locales en Nariño debieron improvisar el transporte de los deportados hacia ciudades como Cali y Bogotá.
Según la Policía de Colombia, de los 526 reos que inicialmente cruzaron la frontera, al menos 11 tenían órdenes de captura vigentes en su país. El resto fue liberado sin mayores restricciones, a pesar de haber sido condenados en Ecuador por delitos graves como narcotráfico y robo.
El caso ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y penitenciarias en la región, así como la necesidad de una mayor coordinación entre ambos países para manejar este tipo de situaciones.
