El Gobierno nacional anunció la mañana del martes 25 de febrero de 2025 la declaratoria del estado de emergencia en ocho provincias de Ecuador, en respuesta a los estragos causados por las lluvias en los dos primeros meses del año.
La medida fue adoptada tras la solicitud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que se reunió el lunes 24 de febrero en Machala para evaluar la situación invernal en el país.
Las provincias incluidas en la declaratoria de emergencia son: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. La decisión fue tomada por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en atención al alto número de eventos adversos registrados desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero.
Según datos oficiales, en este periodo se han reportado 858 emergencias en 23 provincias del país.

Guayas, la provincia más afectada
Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión de Riesgos, informó este 25 de febrero en el canal Teleamazonas que Guayas es la provincia más afectada, debido al impacto de las lluvias en la población.
En el cantón Palestina, cerca de 500 familias han quedado aisladas, mientras que en Santa Lucía más de 300 familias han sido afectadas por inundaciones y el desbordamiento de ríos.

En Manabí, otra de las provincias con mayores afectaciones, se reportan daños en 15 cantones. En Portoviejo, la capital provincial, se han registrado cerca de 1.000 emergencias desde el inicio del año, reflejando la magnitud del impacto del temporal.
Red vial afectada en Azuay y Loja
Carrillo también destacó la inclusión de Azuay y Loja en la declaratoria de emergencia, debido a los graves problemas en la red vial de estas provincias.
En Azuay, dos de sus principales carreteras presentan deslizamientos y están parcialmente habilitadas: la Cuenca-Girón-Pasaje y la Cuenca-Molleturo-El Empalme, lo que dificulta la movilidad y la conexión con otras regiones.

El estado de emergencia permitirá a las autoridades movilizar recursos de manera ágil para atender a las poblaciones afectadas y ejecutar acciones de mitigación en las zonas de mayor riesgo.