Pese a haber dejado oficialmente la Vicepresidencia de la República, Verónica Abad Rojas mantiene abiertos varios frentes judiciales que cuestionan su salida del cargo y reclaman una supuesta vulneración de derechos fundamentales.
El 24 de mayo de 2025, María José Pinto asumió formalmente como nueva vicepresidenta de Ecuador. Ese mismo día, abrió las puertas del edificio de la Vicepresidencia, institución que estuvo prácticamente inactiva durante cerca de 17 meses, marcada por el conflicto político entre el presidente Daniel Noboa y su excompañera de fórmula, Verónica Abad.
Aunque su periodo concluyó, Abad aún no cierra el capítulo legal de su paso por el poder. La exvicepresidenta emprendió una serie de acciones legales para hacer valer su derecho a ejercer plenamente el cargo, lo que, según ha denunciado, se le impidió de forma sistemática.
Entre las demandas presentadas, destacan dos acciones de protección en la justicia ordinaria. En una de ellas, el 12 de marzo de 2025, un tribunal de la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la vulneración de varios derechos fundamentales de Abad: a la seguridad jurídica, al debido proceso en su dimensión de autoridad competente y juez natural, y a la participación política.
Esta resolución dejó sin efecto el inicio de un sumario administrativo que le abrió el Ministerio del Trabajo en septiembre de 2024, bajo el argumento de que Abad no se presentó a tiempo en su designación diplomática en Israel. El tribunal consideró que la actuación de la funcionaria Ruth Espinoza, entonces directora de Recursos y Sumarios Administrativos del ministerio, fue irregular.
Además, esta sentencia ha sido seleccionada por la Corte Constitucional (CC) para establecer jurisprudencia, lo que podría tener implicaciones para casos similares en el futuro.
Adicionalmente, Verónica Abad enfrenta una sanción que ha afectado directamente su vida política: el 28 de marzo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la declaró responsable de violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Esta decisión le suspendió sus derechos de participación por dos años, lo que le impide ocupar cargos públicos o participar en elecciones durante ese tiempo. También recibió una multa y otras prohibiciones administrativas.
Frente a esto, Abad presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, argumentando la violación de sus derechos en el proceso del TCE. La causa está en manos del juez constitucional José Luis Terán, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia que será discutido en el Pleno de la Corte.
Aunque María José Pinto ya ejerce la Vicepresidencia de forma plena, el caso de Verónica Abad sigue vivo en las cortes. La decisión de la Corte Constitucional será clave para determinar si los derechos de Abad fueron o no vulnerados, y si el Estado deberá asumir alguna forma de reparación.
