La Judicatura sigue estancada: solo tres vocales activos y funciones prorrogadas. La Asamblea, además, evalúa un juicio político que podría dejarla sin quórum.
El Consejo de la Judicatura (CJ) atraviesa una crisis institucional que amenaza con dejarlo completamente inoperante. Actualmente, sus tres vocales —Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes— se mantienen en funciones prorrogadas desde hace 145 días, a falta de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombre a sus reemplazos.
Este escenario ya es delicado, pero podría empeorar si avanza el juicio político contra Solanda Goyes, impulsado por la Asamblea Nacional. Si ella es destituida, la Judicatura perdería el quorum mínimo de tres vocales exigido por ley y no podría sesionar ni tomar decisiones clave como la designación de jueces o la aprobación del presupuesto de la Función Judicial.
Un proceso de reemplazo estancado
Desde diciembre de 2024, el CPCCS inició el proceso para nombrar nuevos vocales a partir de ternas enviadas por cinco instituciones: Corte Nacional de Justicia, Asamblea, Presidencia, Defensoría Pública y Fiscalía. Sin embargo, seis meses después, el proceso está paralizado.
La Corte, Fiscalía y Defensoría ya presentaron sus ternas. Pero el Ejecutivo, liderado por el presidente Daniel Noboa, aún no ha enviado la suya. Lo mismo ocurre con la Asamblea Nacional, que dejó sin efecto la terna enviada por el anterior Legislativo. Ninguna de estas dos instituciones ha retomado el trámite ni ofrecido explicaciones claras.
El riesgo de quedarse sin funcionamiento
Si el juicio político contra Solanda Goyes culmina en su destitución, la Judicatura quedaría con solo dos vocales —Godoy y Yupangui—, lo que impide que sesione legalmente. Esto paralizaría decisiones como concursos de jueces, reformas administrativas o implementación de nuevas unidades judiciales.
La única vía para evitar ese colapso sería que el CPCCS nombre, cuanto antes, al menos un vocal más entre las ternas ya disponibles, por ejemplo, la enviada por la Corte Nacional. Pero hasta ahora no hay señales de que el Consejo avance en esa línea.
Los pendientes judiciales siguen en pausa
Mientras tanto, el CJ arrastra varios pendientes críticos:
El concurso para elegir 10 jueces titulares de la Corte Nacional está suspendido desde noviembre de 2024.
Las nuevas unidades judiciales de derecho constitucional, aprobadas por referéndum en 2024, aún no están implementadas.
Tampoco se han nombrado los jueces anticorrupción, ni organizado su capacitación, como ordena la reciente Ley de Solidaridad.
La falta de respuestas oficiales y la inacción de las autoridades agravan el panorama. Ni el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ni el vocal Mario Godoy han atendido solicitudes de entrevista sobre estos temas.
Con un juicio político en curso, nombramientos estancados y un sistema judicial que no avanza, la justicia ecuatoriana se enfrenta a un punto crítico de parálisis institucional.
