Más allá de la respuesta inmediata, el caso deja en evidencia las debilidades estructurales en la protección real de los derechos de los animales en la ciudad.
El horror de un acto de crueldad animal volvió a estremecer a Guayaquil. La noche del sábado 24 de mayo, un video que circuló masivamente en redes sociales mostró a una camioneta arrollando brutalmente a un perro, provocándole la muerte. El hecho, registrado y difundido por ciudadanos indignados, llevó al Municipio a abrir una investigación y a emitir un comunicado público.
Según el Municipio, personal de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales se trasladó al domicilio del presunto responsable, identificado por la placa del vehículo. No obstante, ni el conductor ni el propietario fueron localizados. Se dejó un aviso formal, otorgándole un plazo de dos días laborables para presentarse en las oficinas de ProAnimal y rendir su versión.
La respuesta del Cabildo, aunque oportuna, resulta limitada frente a la gravedad de los hechos. La denuncia recibida a través de la red social X sostiene que el conductor habría pasado «repetida y violentamente con su vehículo sobre la cabeza de un perro indefenso». La escena no solo representa un acto atroz, sino también un síntoma de impunidad en casos similares que rara vez concluyen en sanciones efectivas.
La autoridad local calificó lo sucedido como “un acto de crueldad animal” y aseguró que será investigado “con rigor y transparencia”. No obstante, activistas y ciudadanos críticos cuestionan si la institucionalidad realmente cuenta con las herramientas y la voluntad política para que estos hechos no queden en la impunidad.
A pesar de los avances normativos en materia de bienestar animal, como la creación de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, en la práctica las respuestas suelen ser burocráticas y poco resolutivas. ¿Qué pasa si el responsable no se presenta voluntariamente? ¿Qué tipo de sanción le espera? ¿Cuántos casos similares han terminado en una sanción ejemplar?
Este episodio debe ser un punto de inflexión para reflexionar sobre la efectividad de las políticas de protección animal en Guayaquil. No basta con condenar públicamente los actos de violencia. Se necesita voluntad real para castigar a los responsables y prevenir nuevos casos, mediante educación, control, y reformas legales que permitan actuar con mayor contundencia.
Los animales no pueden alzar la voz. Pero la ciudadanía sí. Y cuando lo hace, como en este caso, espera más que comunicados: exige justicia y penalidades como rechazo ante la crueldad animal que rodea la ciudad.
