En 2024 se registraron unos 1.200 delitos cometidos por personas que usaban uniformes policiales o militares, los cuales aún se consiguen con facilidad.
En Ecuador, conseguir uniformes de policías, militares, bomberos o agentes de tránsito es mucho más fácil de lo que parece. Ya sea por internet o en tiendas físicas, estas prendas se venden sin mayores restricciones, lo que representa un riesgo en un país marcado por la creciente inseguridad.
Uniformes a la venta, sin control
En Quito, por ejemplo, cerca del Complejo Habitacional de la Policía Nacional, se pueden adquirir chaquetas y pantalones camuflados por menos de USD 50. Los vendedores aseguran que son modelos descontinuados, pero ofrecen parches y escarapelas similares a los originales, lo que hace que luzcan como uniformes vigentes. También se venden versiones pixeladas de trajes militares por alrededor de USD 55 e incluso uniformes actuales, por precios más altos y con advertencias de discreción.
Algunos locales solicitan identificación para la compra, pero no todos lo hacen. En zonas como La Recoleta, cerca del Ministerio de Defensa, también se comercializa este tipo de ropa sin mayores filtros.
El riesgo de que los delincuentes se disfracen de autoridad
El uso indebido de estos uniformes ya ha sido aprovechado por bandas criminales. En 2024, se reportaron al menos 1.200 delitos cometidos por personas que portaban vestimentas de las fuerzas del orden. Uno de los casos más graves ocurrió en Durán, el 8 de octubre de 2024, cuando hombres vestidos como militares simularon un operativo y asesinaron a cinco personas. Otro caso alarmante fue la fuga de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, líder del grupo criminal Los Águilas, quien escapó disfrazado de militar.
En varias zonas del país, como Guayas, la ciudadanía ha manifestado su temor y confusión frente a operativos, sin saber si quienes los realizan son verdaderos agentes del Estado o delincuentes disfrazados.
Propuesta de ley para controlar el uso de uniformes
Ante esta situación, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional analiza un proyecto de ley que busca homologar y controlar los uniformes usados por instituciones de seguridad. La propuesta, impulsada por el exasambleísta Ramiro Vela, incluye:
Unificar los modelos y colores de los uniformes de la Policía, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito y otros organismos de seguridad.
Asignar numeración a cada uniforme para saber a quién pertenece.
Incluir códigos QR personales e intransferibles en los trajes, para que se pueda verificar la identidad del agente desde un celular.
Colocar bodycams (cámaras corporales) integradas en los uniformes de policías y agentes de tránsito.
Regular a las empresas fabricantes de uniformes para que cumplan estándares tecnológicos y de seguridad.
Sanciones más severas por mal uso
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con 15 a 30 días de prisión a quien use públicamente uniformes o insignias oficiales sin autorización. Sin embargo, esta pena rara vez se aplica. La propuesta legislativa plantea elevar la sanción a 90 días y considerar agravante si el uniforme se usa para delinquir.
Además, con la reforma incluida en la Ley de Solidaridad del 7 de junio de 2025, se establece que quien cometa un delito utilizando vestimenta de instituciones de seguridad podrá enfrentar penas de uno a tres años de cárcel.
¿Y ahora qué?
La Comisión de Seguridad prevé convocar a la Fiscalía General del Estado, así como a los ministerios del Interior y de Defensa, para obtener más información sobre el uso indebido de uniformes y la viabilidad de implementar los controles propuestos.
El debate ya está sobre la mesa. Mientras tanto, los uniformes siguen al alcance de cualquiera, y con ellos, el riesgo de que la delincuencia continúe suplantando a la autoridad.
